El Ministerio de Trabajo de Santa Cruz intervino en el conflicto laboral en los yacimientos operados por Patagonia Resources, dictando conciliación obligatoria y ordenando revertir las cesantías.
El conflicto que escaló en las últimas horas en los yacimientos operados por Patagonia Resources sumó un nuevo giro. Tras el anuncio de paro general del Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz (SIPGER), el Ministerio de Trabajo de Santa Cruz dictó la conciliación obligatoria y ordenó “retrotraer la situación al estado previo a los despidos comunicados”.
La autoridad laboral fijó la próxima audiencia para el 11 de mayo en la Delegación Las Heras del Ministerio de Trabajo, con lo que se abrirá una nueva ronda de negociaciones para tratar de evitar que avancen nuevas desvinculaciones en los yacimientos santacruceños.
Según sostuvo el sindicato conducido por Rafael Güenchenen, la empresa AESA notificó cesantías a operarios que prestaban servicios en yacimientos de la operadora, situación que calificó como una “grave e irresponsable decisión”. Desde el sindicato afirmaron que las desvinculaciones representan “una violación de la conciliación obligatoria vigente” y exigieron “la inmediata retracción de todos los despidos realizados”.
El conflicto se da en un marco en el que las nuevas operadoras de las áreas que devolvió YPF a la provincia, las que asumieron la concesión el pasado 1 de diciembre, aún no lograron reactivar los yacimientos que estuvieron prácticamente paralizados durante todo 2025 y con escasa actividad en lo que va de 2026.
“El SIPGER anuncia el inicio de un paro general y medidas de acción directa en todas las áreas operadas por Patagonia Resources, en defensa de los puestos de trabajo, de las familias petroleras y del futuro productivo de Santa Cruz”, indicó la organización a través de un comunicado. El gremio también exigió “la inmediata retracción de todos los despidos realizados”, además del cumplimiento efectivo de la conciliación obligatoria y el restablecimiento de las condiciones previas al conflicto.
En el documento, la organización sindical sostuvo que “no existe posibilidad de sostener la paz social cuando las empresas responden con despidos en medio de una conciliación obligatoria” y atribuyó la responsabilidad de la escalada del conflicto a las compañías involucradas.