El abogado Roberto Castillo presentó una denuncia penal contra la licenciada Jennifer Leiva y pidió medidas cautelares, mientras avanza la investigación por la muerte del niño de 4 años.
El abogado Roberto Castillo presentó una denuncia penal contra la licenciada en psicología Jennifer Leiva, integrante del Servicio de Protección de Derechos (SPD) de Comodoro Rivadavia, y solicitó una serie de medidas cautelares mientras avanza la investigación judicial. La presentación quedó radicada ante el Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia y fue impulsada por Luis Armando López, quien figura como denunciante.
En el escrito, patrocinado por Castillo, se solicitó la suspensión preventiva de la profesional en sus funciones dentro del organismo, al considerar que su continuidad en el cargo podría generar entorpecimiento probatorio o permitir la reiteración de conductas similares a las denunciadas. Además, se pidió que la Justicia disponga la prohibición de salida del país de la psicóloga hasta que se defina su situación procesal.
Los denunciantes sostuvieron que esa medida resulta necesaria para garantizar el normal desarrollo de la investigación. Otro de los planteos centrales apunta a resguardar documentación considerada sensible para la causa. En ese sentido, se requirió la reserva de los expedientes del SPD de Comodoro Rivadavia vinculados a casos de revinculación familiar que actualmente se encuentran en trámite bajo la órbita del equipo técnico denunciado.
La presentación también solicita que esos expedientes no puedan ser modificados mientras se desarrollen las actuaciones judiciales. Para los denunciantes, se trata de una medida clave para preservar eventuales elementos de prueba que puedan resultar relevantes en el avance de la causa.
En el escrito se incorporó además el ofrecimiento de prueba testimonial, que deberá ser evaluada por la fiscalía, y se pidió la designación de un perito psicólogo forense independiente. El objetivo es que ese especialista pueda intervenir con autonomía técnica en el análisis de los hechos denunciados y en la valoración de las actuaciones administrativas que se encuentran bajo cuestionamiento.
En el tramo final del documento, los denunciantes reiteraron el pedido de apartamiento inmediato de la profesional hasta que se esclarezcan los hechos investigados. La presentación fue recibida formalmente por el Ministerio Público Fiscal local, que ahora deberá resolver si da curso a las medidas solicitadas y cómo avanza la investigación.
En la oficina judicial de Comodoro Rivadavia se desarrolló una nueva instancia de la audiencia por el caso que investiga la muerte de Ángel, el niño de 4 años fallecido hace un mes. En ese contexto, se registró la reacción de Mariela Altamirano, madre del menor y una de las personas acusadas en la causa, durante la exposición del abogado Roberto Castillo, quien busca constituirse como querellante.
El momento se produjo mientras el letrado, representante del padre del niño, Luis López, intervenía ante las partes. En ese instante, la situación en la sala se volvió especialmente tensa cuando Altamirano reaccionó visiblemente afectada a sus declaraciones.
“Ángel López que desde nuestra perspectiva ha sido brutalmente asesinado. Nosotros incorporamos un poder en el expediente, nos constituimos como patrocinantes; independientemente de eso, estudiamos el artículo 108 del Código Procesal Penal del Chubut, el cual dice que o se presenta un poder especial o bien está acompañado con el damnificado que tiene un interés directo en la resolución del caso”, indicó. “Me presento por intermedio de Luis. Lo acompaño, que soy su representante y pretendo ser querellante en la investigación”, agregó.
“Son entrevistas que le acerqué a las defensoras, al defensor, y esas declaraciones testimoniales hacen que modifiquemos y que tenga una acusación particular. Tanto Altamirano como González le dieron golpes desde el 28 de marzo al 5 de abril mediante por lo menos 22 impactos en la cabeza que generaron un paro cardiorrespiratorio, la razón científico-médica por la cual Ángel perdió la vida”.
“Altamirano fue coautora penalmente responsable del delito de homicidio agravado, con alevosía por ser un niño indefenso, y González por agravante de alevosía; él quedaba al cuidado del niño, indefenso y con problemas para expresarse”, señaló Castillo.
De acuerdo con lo observado en la audiencia, la mujer rompió en llanto, negó con la cabeza en reiteradas oportunidades y se cubrió el rostro mientras avanzaba la exposición del abogado. En medio de su intervención, Roberto Castillo hizo referencia a episodios vinculados al entorno familiar del niño, lo que generó la reacción inmediata de la imputada.
El caso por la muerte de Ángel, ocurrido en Comodoro Rivadavia hace aproximadamente un mes, continúa bajo investigación judicial con distintas líneas de análisis abiertas y testimonios en curso. La causa involucra a la madre del menor y a otra persona acusada.