Un acuerdo judicial en Esquel permitirá que una pareja imputada por estafas en la compra-venta de vehículos evite el juicio oral, a cambio de restituir vehículos y pagar una compensación millonaria a las víctimas.
Una investigación judicial desarticuló en Esquel un esquema de estafas vinculado a la compra-venta de vehículos, que operó durante los primeros meses de 2026. La causa concluyó, por el momento, con un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa de una pareja imputada, que prioriza la reparación económica a los damnificados. El entendimiento fue impulsado por el procurador de fiscalía Ismael Cerda y contó con el aval de las víctimas.
A través de la figura de suspensión de juicio a prueba, los acusados evitarán el proceso oral, aunque deberán cumplir estrictas condiciones durante tres años. De acuerdo a la investigación, la pareja desplegó un plan sistemático para engañar a sus clientes entre febrero y marzo de este año. La maniobra combinaba distintas estrategias para aparentar legalidad y convencer a las víctimas de concretar operaciones.
Uno de los métodos consistía en realizar pagos mínimos en concesionarias de Buenos Aires. De esta manera, cuando los interesados consultaban, se confirmaba la existencia de trámites a nombre de los imputados, lo que funcionaba como una validación engañosa. A su vez, utilizaban los llamados “vehículos mula”: entregaban autos de menor valor —generalmente modelos como VW Suran— obtenidos en estafas previas, para evitar sospechas mientras prometían unidades de mayor gama que nunca llegaban.
El esquema se completaba con el uso de pagarés sin respaldo y formularios 08 firmados para simular operaciones legales, además de una rápida maniobra de ocultamiento: los vehículos recibidos eran transferidos a terceros o escondidos para dificultar su recuperación.
El acuerdo establece la restitución inmediata de un vehículo Volkswagen Amarok, junto con la entrega de documentación correspondiente a otros rodados involucrados en la causa. Además, los imputados deberán afrontar compensaciones económicas significativas: 60 millones de pesos para una de las víctimas, 22 mil dólares para otro damnificado y 6,5 millones de pesos para un tercer afectado, en todos los casos mediante esquemas de pago en cuotas.
Como parte de las reglas impuestas, la pareja deberá presentarse dos veces por semana ante las autoridades para acreditar domicilio y someterse al control judicial. Este seguimiento será clave para garantizar el cumplimiento del acuerdo. Desde la Fiscalía advirtieron que cualquier incumplimiento implicará la revocación del beneficio, lo que reactivaría la causa y derivaría en un juicio oral y público.
El caso expone no solo la sofisticación de este tipo de maniobras, sino también la importancia de los mecanismos judiciales que buscan reparar el daño económico de forma inmediata, priorizando a las víctimas. Con información de una gacetilla de prensa del Ministerio Público Fiscal.