La Justicia actualizó los embargos en la causa Hotesur-Los Sauces y ya superan los $3.000 millones

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La Justicia endurece las cautelares contra los Kirchner: embargos de hasta $3.000 millones

Cristina y Máximo Kirchner acumulan embargos por $1.074 millones en Hotesur-Los Sauces; la inmobiliaria familiar quedó alcanzada por $3.013 millones

22/08/2025 – 09:31hs

El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), a cargo del proceso por la causa Hotesur-Los Sauces, decidió revisar y actualizar los embargos que pesan sobre Cristina Fernández de Kirchner y su hijo, Máximo. Tras la medida, las cautelares que recaen sobre ambos superan los $1.074 millones, mientras que la inmobiliaria de la familia quedó alcanzada por un embargo aún mayor, de $3.013 millones.

La decisión responde al criterio de preservar el valor de los bienes ante una eventual condena. Según explicaron los magistrados, la inflación y la depreciación del peso obligaban a revisar los montos fijados hace más de siete años.

El trasfondo del caso

La investigación, conocida como Los Sauces-Hotesur, se centra en maniobras de lavado de activos que habrían tenido como vehículos a la inmobiliaria Los Sauces SA y a la firma hotelera Hotesur.

De acuerdo a la acusación, ninguna de las dos compañías tuvo actividad genuina, sino que funcionaron como «pantallas societarias» para blanquear fondos derivados de la obra pública vial adjudicada al empresario Lázaro Báez. La justicia calcula que, hasta 2015, Los Sauces habría canalizado operaciones por más de $30 millones, mientras que Hotesur sirvió para mover cerca de $80 millones.

La acusación contra los Kirchner

Cristina y Máximo Kirchner están procesados por asociación ilícita y lavado de dinero. Florencia, en cambio, fue señalada como partícipe secundaria. A la expresidenta se le atribuyó también el delito de dádivas por haber mantenido operaciones comerciales con empresarios contratistas del Estado.

En el escrito de elevación a juicio, la fiscalía sostuvo: «Frente a una extensísima posibilidad de formas habitualmente identificadas para este tipo de reciclaje, la técnica que se habría elegido para dar apariencia de legalidad al dinero en ambos procesos fue exactamente la misma (ingresos por préstamos, por rubro hotelero y alquiler de inmuebles)».

El mismo documento remarcó que «ambas sociedades, Hotesur y Los Sauces, fueron adquiridas con idéntico fin: canalizar y reciclar fondos con apariencia de legalidad«.

Vínculos con la causa Vialidad

El caso se conecta directamente con el expediente de Vialidad, donde se investigaron sobreprecios en la adjudicación de obras públicas a las compañías de Báez. Allí, la justicia determinó que parte de esos fondos regresaban a los Kirchner a través de alquileres y contratos con sus empresas.

La sentencia por Vialidad, que condenó a Cristina, Báez y otros acusados, fue confirmada por la Corte Suprema el pasado 10 de junio.

Criterio para la actualización de embargos

La jueza federal Adriana Palliotti explicó que el embargo debe ser suficiente para garantizar una eventual pena y cubrir los costos del proceso. «Es deber del Tribunal disponer de los medios necesarios para asegurar que el monto fijado en calidad de embargo sea suficiente», sostuvo.

El juez Nicolás Toselli, por su parte, defendió la utilización de la tasa pasiva promedio del Banco Nación como índice de actualización, en lugar del dólar MEP propuesto por la fiscalía. Según argumentó, esa fórmula ya contempla la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y cumple una función reparadora. Su postura fue respaldada por el juez José Michilini.

Nuevos montos fijados

Con este criterio, los embargos quedaron actualizados de la siguiente manera:

  • Cristina Kirchner y Lázaro Báez: de $110 millones a $492.508.275,33 cada uno.
  • Máximo Kirchner y Cristóbal López: de $130 millones a $582.055.234,48.
  • Inmobiliaria Los Sauces: de $673 millones a $3.013.255.175,40.
  • Firmas Valle Mitre, Loscalzos y Del Curto, y Kank & Costilla (todas de Báez): de $237 millones a $1.061.131.465,93.

En total, las nuevas medidas cautelares superan ampliamente los valores iniciales y buscan garantizar que, en caso de condena, la justicia cuente con respaldo económico para ejecutar las penas y decomisos previstos.

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