El intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés, y la Coordinadora General de Gabinete, Soledad Zacarías, han generado controversia con la firma del primer decreto del año, que establece el ascenso de varios empleados municipales de planta permanente. Este decreto surge de un convenio firmado el año pasado entre el Ejecutivo y el sindicato de empleados municipales.
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Lo que ha provocado mayor indignación es que la propia Zacarías, en su calidad de empleada de planta permanente, figura entre los beneficiarios de los ascensos. La decisión, considerada por muchos como contraria a la Ley de Ética Pública, ha puesto en cuestión los principios de transparencia y probidad que deben regir el accionar de los funcionarios públicos.
El tribuno de cuentas por el Frente Cívico, Gustavo Molina, manifestó su oposición por escrito, destacando que “el decreto se contrapone a la Ordenanza N°5922, específicamente en los artículos 5 y 11”. También señaló que Zacarías lleva más de nueve años desempeñándose en diversos cargos políticos y jerárquicos, sin cumplir plenamente con sus responsabilidades como empleada de planta permanente. “En este instrumento legal, la secretaria actúa como juez y parte”, denunció Molina.
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La Ley de Ética Pública prohíbe que un funcionario participe en decisiones que lo beneficien directamente, ya que esto configura un evidente conflicto de intereses. Sin embargo, el decreto firmado no solo favorece a Zacarías, sino que también lleva su firma, desatando un debate público sobre la legitimidad y ética de esta acción.