El gobierno de Jorge Macri, a través de la Procuración General, presentó la apelación y pidió que se revoque el fallo del juez Roberto Gallardo sobre el control del operativo de seguridad por la marcha de los jubilados en el Congreso. El intendente porteño además solicitó que se eleve en forma urgente a la Cámara del fuero en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo para el tratamiento ante la inminencia de la marcha y movilización anunciada para este miércoles.
“Una manifestación es un fenómeno dinámico, imaginar que detrás de un escritorio alguien va a poder escribir, que la Policía da cinco pasos y otro tiene que agarrar la situación cuando hay que hacer cumplir la ley me parece forzado. Hay que ver cómo se va desarrollando la dinámica de la manifestación. Lo que seguro va a pasar es que vamos a garantizar la seguridad en la Ciudad con las fuerzas federales y con las fuerzas de la Ciudad, como siempre”, sostuvo el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
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El recurso presentado considera improcedente la medida precautoria dictada por “la evidente falta de constatación de requisitos legales para su procedencia, la arbitrariedad de la medida y la ostensible falta de fundamentación, el apartamiento del debido proceso legal y por afectar la división de poderes”.
En los fundamentos expuestos por la Procuraduría se sostiene que la resolución del juez Gallardo es nula. La medida fue resuelta sin la intervención previa del Gobierno de la Ciudad ni se garantizó el derecho de defensa. La Ciudad, en ningún momento, renunció al ejercicio de sus competencias en materia de seguridad. Y considera que el fallo es improcedente por su prejuzgamiento.
Además, dice la presentación, el juez Gallardo se arroga facultades propias y excluyentes del Poder Ejecutivo, porque invade a la Administración en cuanto a la “discrecionalidad técnica” para fijar y establecer las políticas de seguridad en el marco de su autonomía, a través del Ministerio de Seguridad de la Ciudad.
La apelación sostiene también que el “pronunciamiento recurrido es el producto individual de la voluntad del juez, basada en su simple convicción personal” porque no funda su decisión en premisas válidas y presupone por anticipado una omisión de la Ciudad en la administración de la seguridad. La resolución judicial, se argumentó, afecta el normal desarrollo de las fuerzas de seguridad desplegadas en un ámbito de coordinación con las fuerzas Federales, y se compromete gravemente el interés público, que es el operativo de seguridad.
Qué dice la resolución del juez Gallardo
El juez de la ciudad de Buenos Aires, Roberto Andrés Gallardo, le ordenó al gobierno porteño, a cargo de Jorge Macri, que organice el operativo de seguridad de la próxima marcha de los jubilados, que se realizará este miércoles 9 de abril. El magistrado le exigió al Ministerio de Seguridad, que dirige Patricia Bullrich, que se abstenga de intervenir en la protesta «más allá de los límites de protección de intereses federales». Gallardo tomó esta decisión tras un pedido de una medida cautelar.
Un juez le ordenó a Patricia Bullrich que se «abstenga de intervenir en la protesta» de los jubilados
El próximo miércoles, en vísperas del paro general del jueves 10 de abril, la marcha por los jubilados tendrá presencia sindical. Los dirigentes Jorge Piumato y Maia Volcovinsky (del Sindicato de Judiciales y que forman de la CGT) y Alejandro «Peluca» Gramajo de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular», presentaron una medida cautelar para «intimar al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires a coordinar y conducir un operativo de seguridad para la movilización» y para que se «delimite en forma previa y concreta los denominados «objetivos federales» cuya custodia estará a cargo de las fuerzas federales», restringiendo el cuidado de los mismos y no al ejido urbano circundante».
El juez ordenó a la Ciudad de Buenos Aires que, “en el contexto de la movilización masiva convocada para el miércoles en las inmediaciones del Congreso, despliegue, organice, planifique y ejecute -todo de manera autónoma- el operativo de seguridad que simultáneamente garantice el orden público y el pleno ejercicio de los derechos constitucionales de quienes asistan”.
Y le indicó al ministerio de Bullrich que “se abstenga de intervenir e interferir en la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo que a seguridad pública respecta, más allá de los límites legales de protección de intereses federales”. Indicó que su decisión debe ser informada a la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Prefectura Naval.
La respuesta de Patricia Bullrich
El Ministerio de Seguridad Nacional presentó este lunes una denuncia formal por mal desempeño contra el juez Roberto Andrés Gallardo ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La acusación está motivada por una resolución del magistrado que impidió la intervención de las fuerzas federales de seguridad durante la movilización de jubilados prevista para este miércoles 9 de abril frente al Congreso Nacional.
Bullrich denunció al juez Gallardo por prohibirle “intervenir en la protesta» de los jubilados
La presentación, a la que accedió PERFIL, fue realizada por el Director Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio, Fernando Oscar Soto, quien en representación del ministerio solicitó que se evalúe la actuación del juez a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2 de la Ciudad.
En el escrito, Soto afirmó que Gallardo incurrió en mal desempeño “por haber intervenido en una causa sin contar con competencia ni jurisdicción para ello”. El Ministerio de Seguridad sostuvo que el juez resolvió sobre “una situación futura e hipotética”, ya que el amparo presentado por la CGT, la UTEP y la UEJN no se basó en un hecho concreto sino en una protesta prevista para días posteriores.
FL/ff