En Mendoza, todo termina en tribunales. Lo saben los abogados, lo murmuran en la Casa de Gobierno y lo padecen en la Corte. No es novedad, pero s una alarma que suena cada vez ms fuerte. La litigiosidad se duplic en los ltimos diez aos, mientras el sistema judicial apenas logr ampliar su estructura. Sin recursos, pero con sobrecarga.
El mensaje que Dalmiro Garay desliz das atrs -sin nombrar a nadie, pero apuntando a todos- no fue casual. La Justicia est saturada, pero sobre todo est siendo empujada a ocupar el lugar que la poltica no quiere o no puede ocupar. Ya no se trata de resolver delitos, sino de definir polticas pblicas. Salarios, servicios pblicos, contratos, conflictos internos de municipios y hasta decisiones de organismos autrquicos terminan, tarde o temprano, en una sala de la Corte.
El Gobierno, permeable y muchas veces ausente, se ha resignado a que sus desacuerdos internos o su incapacidad de gestin se ventilen y se resuelvan en tribunales. Y a veces, cuando le conviene, hasta lo promueve. En la prctica, el Poder Judicial pas de ser contralor a rbitro, y de rbitro a pararrayos de las internas polticas.
La justicia mendocina, con jueces que hace aos renuevan en bloque y fiscales que esquivan la incomodidad del control, navega entre la falta de recursos y las presiones de sectores que, sin formalizarlo, influyen ms de lo que admiten. La pregunta que nadie contesta es si esta lgica es sostenible.
Mientras tanto, las causas se amontonan y las decisiones de fondo quedan en suspenso. El sistema funciona a martillazos. Por ahora. Muchas de estas causas son provocadas por sectores ineficientes del estado que en lugar de promover la igualdad ante la ley deja que algunos corran con el caballo del comisario , ah nace un principio de un litigio , es decir cuando algunos funcionarios utilizan dos varas distintas para medir .