En noviembre de 2024, los votantes de Arizona tomaron una decisión histórica: aprobaron una enmienda constitucional que garantiza el derecho al aborto en el estado. Sin embargo, a pesar de este avance, muchas restricciones siguen vigentes y dificultan el acceso a este servicio. A partir de 2025, la interrupción del embarazo es legal hasta la viabilidad fetal, pero con una serie de regulaciones que complican el camino para quienes necesitan acceder a ella.
Actualmente, el aborto es legal en Arizona hasta el punto de viabilidad fetal, que ocurre cuando el feto puede sobrevivir fuera del útero con asistencia médica. Este umbral varía según cada embarazo y lo determina un proveedor de salud. Aunque la ley permite abortos hasta ese momento, muchas clínicas interrumpen los procedimientos en etapas más tempranas debido a restricciones legales y logísticas.
La prohibición del aborto después de las 15 semanas de gestación, establecida en el estatuto ARS 36-2322, sigue en vigor. Sin embargo, la fiscal general de Arizona, Kris Mayes, anunció que no la hará cumplir mientras se resuelve una demanda presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), Planned Parenthood y el Centro de Derechos Reproductivos.
Estas organizaciones argumentan que la ley viola el derecho fundamental de las mujeres en Arizona a decidir sobre su embarazo y atenta contra su autonomía, según consignó Telemundo.
Este litigio representa el primer intento formal por eliminar restricciones que los activistas consideran excesivas. Si la prohibición se mantiene, los proveedores de aborto podrían enfrentar cargos criminales y penas de hasta dos años de cárcel.
A pesar de la protección constitucional al aborto, Arizona mantiene leyes que limitan su acceso. Estas restricciones afectan especialmente a mujeres de bajos ingresos y de comunidades rurales, quienes enfrentan mayores dificultades para costear viajes, ausentarse del trabajo o encontrar cuidado infantil mientras buscan atención médica.