Un grupo de madres formalizó siete denuncias contra un profesor del ESRN 6 de Ingeniero Jacobacci, identificado como BER, por episodios de violencia y conductas inapropiadas hacia estudiantes de entre 14 y 18 años. El caso fue derivado a la Justicia de Paz, que dictó medidas cautelares.
Un grupo de madres de alumnas del ESRN 6 de Ingeniero Jacobacci, en la Línea Sur de Río Negro, presentó siete denuncias contra un docente de la institución, identificado en las actuaciones judiciales con las siglas BER, por episodios de violencia y conductas que calificaron como inapropiadas hacia sus hijas de entre 14 y 18 años. Las presentaciones fueron realizadas el 6, 8 y 15 de mayo en la Comisaría de la Familia de Jacobacci.
La causa fue girada al Juzgado de Paz local, donde las madres ratificaron sus declaraciones. El juzgado resolvió dictar medidas cautelares para proteger a las adolescentes y ordenó enviar el expediente a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y al fuero de Familia, por considerar que lo manifestado excede las facultades de la Justicia de Paz.
Los testimonios de las jóvenes describen una serie de conductas que, según la presentación judicial, las colocaron en situación incómoda y de vulnerabilidad. Entre los episodios relatados figuran miradas al cuerpo de alumnas, un guiño de ojo, el ofrecimiento a una menor para que fuera su secretaria, comentarios sobre el pelo de una estudiante y pararse muy pegado al pupitre cuando las chicas tenían dudas. También se mencionó haberle pedido a una alumna que escuchara un audio privado.
El expediente sostiene que estos hechos deben analizarse en el contexto de la relación asimétrica entre el docente y sus estudiantes: «BER, por ser su profesor y adulto responsable del curso, ejerce un grado de poder respecto a las alumnas».
El Juzgado de Paz de Jacobacci dictó una resolución para resguardar de manera inmediata la integridad psicológica de las víctimas. Las medidas incluyen la prohibición de acercamiento a menos de 300 metros de los domicilios de las jóvenes y de los lugares donde se encuentren o transiten, ya sean públicos o privados. También se le prohibió todo tipo de contacto, ya sea personal, telefónico o a través de redes sociales.
Además, el docente deberá realizar un tratamiento terapéutico y psicológico en el área de Salud Mental del hospital local u otra institución especializada en violencia. Se advirtió que cualquier incumplimiento será remitido al Ministerio Público Fiscal por posible delito de desobediencia a la autoridad.
El establecimiento educativo dispuso la separación del cargo del docente y le otorgó licencia. Las actuaciones también fueron elevadas al Ministerio de Educación para determinar si corresponden sanciones más contundentes.