La federación docente resolvió profundizar el plan de lucha ante la falta de convocatoria a paritarias y el desfinanciamiento universitario.
La CONADU Histórica resolvió un nuevo paro nacional docente universitario para la semana del 16 al 20 de junio. La decisión fue tomada durante el plenario de Secretarías Generales de la federación, donde se advirtió que “el segundo cuatrimestre está en riesgo”.
Desde el gremio señalaron que no existe convocatoria oficial a paritarias docentes universitarias y preuniversitarias. En un comunicado, expresaron que “la política de ajuste deteriora los salarios, vacía las universidades y pone en riesgo el derecho social a la educación superior”.
Además del paro, la federación anunció acciones de visibilización en coordinación con el Frente Universitario, integrado por la FUA, el CIN y el Frente Sindical de Universidades Nacionales.
CONADU Histórica rechazó “categóricamente” cualquier intento de condicionar una negociación salarial al abandono de las acciones judiciales en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario. “La ley no se negocia: la ley se cumple”, remarcaron.
El documento también hizo referencia a la movilización del 3 de junio por el Ni Una Menos.
La federación convocará a un Congreso Extraordinario antes de finalizar junio para definir la continuidad del plan de lucha de cara al inicio del segundo cuatrimestre.
El lunes pasado hubo un encuentro entre autoridades del gobierno y referentes universitarios. La propuesta oficial contempla un aumento salarial del 24,3% para docentes universitarios, en dos tramos: 21,3% en junio y 3% en octubre. También ofreció un aumento del 50% para las becas Manuel Belgrano, un incremento del 20% para gastos de funcionamiento y un fondo extra de 50 mil millones de pesos para hospitales universitarios. Además, se propuso crear una comisión técnica para revisar partidas adeudadas de 2024 y negociaciones paritarias cada tres meses.
El acuerdo no prosperó por el pedido del Gobierno de retirar la demanda judicial vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario. Según las universidades, el incumplimiento de esa norma representa una deuda cercana a los 2,5 billones de pesos. Desde el Ejecutivo sostienen que cumplir con ese esquema afectaría el superávit fiscal. Los rectores rechazaron retirar la demanda y señalaron que “eso no va a suceder”, aunque dejaron abierta la posibilidad de seguir negociando.