Apartaron por 60 días al jefe de la Alcaidía de Comodoro tras una investigación por presunto cohecho

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El comisario mayor José Leonardo Fernández fue apartado preventivamente de sus funciones por dos meses luego de allanamientos en la Alcaidía Policial de Comodoro Rivadavia, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades que incluyen cohecho y connivencia con internos.

La Justicia y la Policía del Chubut avanzan en una investigación por presuntas irregularidades dentro de la Alcaidía Policial de Comodoro Rivadavia que derivó este miércoles en una serie de allanamientos, el apartamiento preventivo del jefe de la dependencia y cambios en la conducción del establecimiento.

La medida alcanza al comisario mayor José Leonardo Fernández, quien fue pasado a disponibilidad preventiva por 60 días mientras continúa la investigación judicial. La decisión fue anunciada durante una conferencia de prensa realizada al mediodía en la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, luego de los procedimientos desarrollados desde las primeras horas de la mañana.

Según se informó oficialmente, la causa comenzó el pasado 22 de abril, cuando el Ministerio Público Fiscal tomó conocimiento de presuntas irregularidades que se estarían produciendo dentro de la Alcaidía y que podrían configurar delitos de corrupción.

El jefe de fiscales, Cristian Olazábal, explicó que la pesquisa permitió reunir elementos suficientes para solicitar medidas judiciales que fueron autorizadas por la jueza penal María Laura Borges. “Fueron seis allanamientos con requisas personales a partir de una investigación que comenzó el 22 de abril, cuando la Fiscalía toma conocimiento de irregularidades que estaban ocurriendo dentro de la Alcaidía Policial y que estas conductas tendrían componentes delictivos”, sostuvo.

De acuerdo con el fiscal, la hipótesis inicial apunta a la posible comisión de delitos de cohecho y eventual enriquecimiento ilícito, aunque aclaró que la calificación legal definitiva dependerá del avance de la investigación preparatoria. Los procedimientos se realizaron desde las 6 de la mañana y estuvieron dirigidos tanto a sectores internos de la Alcaidía, particularmente los pabellones 3 y 4, como también a ámbitos vinculados a la esfera privada de quien se desempeñaba como director de la dependencia.

Olazábal indicó además que durante los allanamientos se encontraron elementos que respaldan parte de las sospechas que manejaba la Fiscalía. “Varias de las sospechas que nosotros teníamos fueron comprobadas hoy a partir de la recolección de evidencias. Se encontró documentación y elementos que confirman aquello que surgía de declaraciones testimoniales y también de algunas intervenciones telefónicas”, afirmó.

Consultado sobre el hecho concreto que se investiga, el fiscal señaló que todavía se trabaja en la delimitación precisa de las conductas investigadas, aunque confirmó que existe una sospecha de connivencia entre algunos detenidos y autoridades de la Alcaidía. “Lo que tenemos es una posible connivencia entre personas que están privadas de la libertad con las autoridades de la Alcaidía Policial”, expresó. Respecto de la naturaleza de esas irregularidades, explicó que se trataría de beneficios concedidos a determinados internos al margen de la legislación vigente y de los reglamentos institucionales. “Estas irregularidades serían beneficios otorgados a los presos por fuera de cualquier reglamento, de las normas institucionales e incluso de la propia ley”, detalló.

Asimismo, confirmó que la investigación está dirigida inicialmente contra el jefe de la Alcaidía, aunque no descartó que pudieran surgir nuevas responsabilidades a medida que avance el análisis de la evidencia secuestrada. “Solamente está dirigida ahora al jefe. Esto no se descarta. Estamos hablando de una institución donde puede haber personas que tengan conocimiento y eso es justamente lo que estamos tratando de establecer”, señaló. Entre los elementos secuestrados figuran dispositivos de comunicación móvil que serán sometidos a pericias durante las próximas semanas.

Por su parte, el director de Seguridad de la Policía del Chubut, Omar Delgado, confirmó que además de los allanamientos se adoptaron medidas administrativas inmediatas. Según explicó, la Jefatura de Policía dispuso el pase a disponibilidad preventiva por 60 días del comisario mayor José Leonardo Fernández, mientras que también se ordenó el traslado del segundo jefe de la dependencia. “Administrativamente, en función de lo que se ha colectado, el señor jefe de Policía dispuso el pase a disponibilidad preventiva por 60 días del jefe de la dependencia y el traslado del segundo jefe”, indicó.

Además, informó que la conducción de la Alcaidía quedará a cargo del comisario inspector Diego Rumbling, quien será secundado por el oficial principal Maximiliano Ruiz Díaz. Ambos asumieron formalmente durante la tarde de este miércoles, mientras se desarrolla un relevamiento integral del establecimiento penitenciario. Delgado sostuvo que el objetivo es restablecer el orden interno y revisar la presencia de elementos que no se encuentren autorizados dentro de los pabellones. “Vamos a acompañar su trabajo en estos primeros días hasta que podamos restablecer algunas cuestiones que tienen que ver con el orden que debe imperar dentro de este establecimiento y con aquellos elementos que no son permitidos”, manifestó.

Durante la conferencia también tomó la palabra el subsecretario de Justicia de Chubut, Rodrigo Miquelarena, quien remarcó que el operativo fue ejecutado por la propia Policía provincial y destacó la rapidez con la que se actuó una vez detectadas las presuntas irregularidades. El funcionario señaló que la investigación avanzó de manera ágil y sostuvo que la actuación refleja una política de control interno dentro de la fuerza. “Es muy importante destacar que nuestra Policía se autodepura. Cuando tenemos una investigación, rápidamente se lleva adelante. Cuando hay un policía que presuntamente debería estar dando garantías y resguardando y no lo hace, la misma fuerza es quien lo aparta y después continúa la Justicia”, expresó.

Miquelarena también vinculó el caso con otros procesos disciplinarios impulsados durante la actual gestión y aseguró que la Policía del Chubut actúa cuando detecta conductas incompatibles con la función pública. Mientras tanto, la Fiscalía continuará analizando la documentación secuestrada y los dispositivos electrónicos incautados durante los allanamientos. Las autoridades evitaron brindar mayores detalles para no comprometer el avance de la causa, aunque adelantaron que los resultados obtenidos durante los procedimientos fortalecieron varias de las hipótesis investigativas.

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