Entidades empresarias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego señalaron que la reforma al Régimen de Zona Fría, con media sanción en Diputados, afectaría el poder adquisitivo de las familias, la competitividad de las PyMEs y el desarrollo económico regional.
Las entidades empresarias de las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego advirtieron sobre el efecto de la reforma al Régimen de Zona Fría, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Según indicaron, la modificación impactaría sobre el poder adquisitivo de las familias, la competitividad de las PyMEs y el desarrollo económico regional.
La Patagonia posee características climáticas, geográficas y demográficas particulares que convierten al gas y a la energía en servicios esenciales durante gran parte del año. En vastas regiones del sur argentino, las bajas temperaturas se extienden entre ocho y nueve meses anuales, lo que dificulta reducir significativamente el consumo energético de hogares, comercios e industrias.
Las modificaciones propuestas alteran la lógica histórica del régimen compensatorio construido para equilibrar las asimetrías estructurales que enfrenta la región. Limitar el alcance del beneficio exclusivamente al valor del gas en boca de pozo implica trasladar a los usuarios costos crecientes de transporte, distribución e impuestos, generando incrementos tarifarios que podrían superar la capacidad de pago de miles de familias patagónicas.
Las proyecciones realizadas por distintos organismos especializados estiman aumentos significativos en las facturas residenciales y comerciales. Esta situación tendría un efecto sobre el consumo interno, la actividad económica y el sostenimiento del empleo en toda la región.
Las pequeñas y medianas empresas patagónicas ya enfrentan un escenario marcado por caída de ventas, aumento de costos operativos y dificultades financieras. Incorporar una presión tarifaria adicional sobre el sector productivo y comercial profundizaría la desaceleración económica y afectaría la capacidad de sostener puestos de trabajo.
Las entidades firmantes sostuvieron que la Patagonia no reclama privilegios, sino el reconocimiento de condiciones objetivas que históricamente justificaron políticas diferenciales. Afirmaron que el costo energético en el sur argentino no puede analizarse con los mismos parámetros que en otras regiones del país.
Las entidades consideraron imprescindible abrir una instancia de diálogo institucional y federal que permita evaluar integralmente las consecuencias económicas y sociales de esta reforma antes de su implementación definitiva.