La Inspección General de Justicia de Chubut anuló la asamblea prevista para el 25 de mayo y ordenó iniciar un nuevo proceso electoral por fallas en la convocatoria, inconsistencias en actas y manejo irregular de los libros oficiales.
La Inspección General de Justicia (IGJ) de la provincia del Chubut resolvió suspender las elecciones de la Asociación de Karting de la Patagonia (AKPS) tras detectar una serie de irregularidades que comprometen la validez del proceso electoral.
La medida, formalizada mediante una resolución oficial fechada en Rawson el 21 de mayo de 2026, deja sin efecto la asamblea convocada para el 25 de mayo y obliga a reiniciar el procedimiento bajo condiciones de legalidad y transparencia.
Según el dictamen, las anomalías detectadas son de carácter sustancial. Entre los principales puntos, se advierte que “el acta de convocatoria carece de los datos esenciales para el llamado respectivo, habiendo omitido consignar carácter de la misma, lugar de celebración y orden del día de la asamblea”. Además, la IGJ remarcó que “no identifica a los integrantes de comisión presentes en la reunión”, lo que pone en duda la existencia del quórum necesario para avanzar con la convocatoria.
Otro de los aspectos observados es la falta de documentación respaldatoria clave. La resolución indica que no se presentó copia del acta conforme a los requisitos normativos y tampoco consta la publicación de la convocatoria según lo establecido por el estatuto social. A esto se suma un punto crítico: inconsistencias en las actas vinculadas a la oficialización de listas.
En ese sentido, el organismo señaló que, según el informe de fiscalización, los propios dirigentes reconocieron que los libros oficiales “no se encontraban en la sede social, ya que estaban en poder de una persona ajena a la comisión directiva de la entidad”. Esta situación afecta directamente la validez de los registros y del proceso electoral en su conjunto.
La IGJ también remarcó que “las actas deben labrarse en la misma fecha y hora en que se realiza la reunión o se adopta la decisión”, subrayando que el incumplimiento de esta obligación impide garantizar la autenticidad de los actos administrativos.
A partir de este conjunto de irregularidades, el organismo concluyó que el proceso electoral “no reúne los recaudos necesarios para acreditar su regularidad” y que las fallas detectadas no son subsanables dentro del mismo procedimiento. Por ese motivo, resolvió declarar la irregularidad e ineficacia de la convocatoria y suspender la asamblea prevista.
Como medida complementaria, la IGJ ordenó avanzar con la realización de una nueva convocatoria, ajustada a derecho, con intervención de las áreas jurídicas correspondientes para garantizar su transparencia.