El Colegio Profesional de Psicólogos de Chubut emitió un comunicado público tras el fallecimiento del niño de 4 años en Comodoro Rivadavia, pidiendo prudencia y rechazando discursos de odio mientras avanza la investigación judicial.
A 22 días de la muerte de Ángel López, el niño de 4 años cuyo fallecimiento en Comodoro Rivadavia conmocionó al país, el Colegio Profesional de Psicólogos de Chubut se pronunció públicamente. A través de un comunicado, la entidad expresó su dolor, cuestionó versiones difundidas en redes sociales y pidió prudencia mientras avanza la causa judicial.
El expediente judicial busca reconstruir qué ocurrió en las horas previas a la descompensación del niño dentro del entorno familiar. Según el informe preliminar de la autopsia, el cuerpo de Ángel presentaba al menos 20 golpes en la cabeza, lesiones que habrían sido determinantes en su fallecimiento. A partir de estos resultados, la Fiscalía avanzó rápidamente con medidas procesales. Durante la noche del domingo en que se conocieron los primeros datos, fueron detenidos la madre biológica del menor, Mariela Beatriz Altamirano, y su pareja, Michel González. Ambos están imputados como coautores de homicidio agravado por el vínculo. El juez de la causa autorizó la apertura de la investigación y dictó la prisión preventiva por seis meses, al considerar la gravedad del hecho y el riesgo de fuga.
Mientras tanto, continúan las pericias y la recolección de testimonios clave para determinar responsabilidades. Uno de los ejes más sensibles del caso está vinculado a las decisiones judiciales previas. Ángel había pasado a vivir con su madre hacía aproximadamente tres meses, tras una resolución del juzgado de Familia que modificó la tenencia. El padre del niño manifestó públicamente su dolor y cuestionó esa decisión, al asegurar que durante el tiempo en que el menor estuvo bajo su cuidado no sufrió ningún tipo de daño. La medida judicial que otorgó la guarda a la madre quedó ahora bajo análisis, tanto en el plano judicial como en la opinión pública.
En ese contexto, comenzaron a revisarse los informes y evaluaciones que se realizaron durante el proceso de revinculación, incluyendo el trabajo de profesionales que intervinieron en el caso. Con el correr de los días también se conocieron elementos que aportaron contexto a la investigación. Entre ellos, un informe elaborado por la docente del Jardín de Infantes al que asistía Ángel, realizado en el período en que se produjo el cambio de tenencia. En ese documento se advertían cambios en el comportamiento del niño, quien se mostraba “enojado y angustiado”. Además, se supo que el menor había sido cambiado de institución educativa, lo que implicó una modificación abrupta en su entorno cotidiano.
Otros datos que surgieron en la investigación indican que las condiciones habitacionales en el domicilio donde vivía el niño no serían las adecuadas, e incluso que la familia recurría a un comedor barrial para su alimentación diaria. Estos elementos forman parte de las líneas que la Justicia analiza para determinar si existieron fallas previas en los controles.
En paralelo al avance de la causa penal, también se multiplicaron las presentaciones judiciales vinculadas al accionar de los equipos técnicos. La Fundación Más Vida denunció a dos psicólogas que habrían intervenido en el proceso de revinculación, acusándolas de presunto incumplimiento de deberes e informes falsos. Según la denuncia, las profesionales habrían emitido evaluaciones favorables a la madre sin haber realizado estudios ambientales completos, lo que -según sostienen- podría haber omitido información clave sobre el contexto en el que viviría el niño. Estas acusaciones deberán ser evaluadas por la Justicia y se suman al creciente cuestionamiento sobre cómo se toman decisiones en casos de tenencia y cuidado de menores en situaciones de conflicto familiar.
En medio de este escenario, el Colegio Profesional de Psicólogos de Chubut difundió un comunicado público en el que expresó su profundo pesar por la muerte del niño y acompañó a sus familiares en el dolor. Al mismo tiempo, la institución reclamó una investigación “efectiva y con celeridad” para esclarecer lo ocurrido, y rechazó enérgicamente los discursos de odio y mensajes violentos que circularon en redes sociales en torno al caso. Uno de los puntos centrales del pronunciamiento fue la denuncia por el uso indebido de la imagen de su presidenta, la licenciada Karina Vanesa Marín, en publicaciones que la vinculaban con la causa. Desde el Colegio aclararon que la profesional no tiene relación con el expediente y advirtieron que la difusión de información falsa entorpece el proceso judicial.
Finalmente, el organismo hizo un llamado a la responsabilidad tanto de la comunidad como de los medios de comunicación, subrayando la necesidad de actuar con prudencia ante un caso de extrema sensibilidad. “El odio no construye justicia”, concluye el comunicado.