El Ejecutivo provincial aseguró que no se cumplían los protocolos de seguridad para ejecutar la orden judicial de desalojo a comunidades mapuches en un predio de Villa La Angostura.
El fallido intento de desalojo en un predio en conflicto en Villa La Angostura volvió a exponer tensiones entre el Gobierno provincial y el Poder Judicial. A semanas del operativo que no llegó a concretarse, el Ejecutivo de Neuquén salió a justificar su accionar y aseguró que no estaban dadas las garantías necesarias para avanzar con la medida.
El procedimiento había sido ordenado por la Justicia para recuperar una propiedad privada ocupada desde 2011 por comunidades mapuches. Sin embargo, el día previsto para su ejecución, la diligencia no se llevó a cabo, lo que derivó en cuestionamientos hacia el Gobierno por la falta de efectivos policiales.
Desde la administración que encabeza Rolando Figueroa negaron haber retirado apoyo y explicaron que el operativo no cumplía con los requisitos establecidos en los protocolos vigentes. Según indicaron, faltaban organismos clave como personal de salud, bomberos, áreas de niñez y otros recursos indispensables para garantizar una intervención segura.
Mientras el Gobierno provincial sostiene que no estaban dadas las condiciones, desde ámbitos judiciales aseguran lo contrario: que el procedimiento podía realizarse con los recursos disponibles. La comitiva judicial había viajado desde la capital neuquina hacia la zona del conflicto, incluso con una presencia de funcionarios superior a la de efectivos policiales.
El plan contemplaba constatar la situación del predio y, en caso de estar desocupado, restituirlo a su propietaria. Sin embargo, al llegar al lugar, los representantes judiciales se encontraron con integrantes de una de las comunidades, quienes ya estaban al tanto de la situación y descartaban que el desalojo se concretara.
El origen del litigio se remonta a fines de 2011, cuando una comunidad mapuche ingresó a un campo de aproximadamente 600 hectáreas en la zona conocida como El Pedregoso. Según la denuncia, se cambiaron los accesos y se tomó posesión del lugar. Con el tiempo, otra comunidad se sumó al asentamiento. La propietaria, María Cristina Broers, sostiene la titularidad de las tierras desde 1973 y cuenta con documentación respaldatoria.
A lo largo de más de una década, distintos tribunales fallaron a su favor. En 2016, un juzgado de primera instancia confirmó el delito de usurpación, decisión que fue ratificada en instancias superiores hasta quedar firme en el Superior Tribunal de Justicia provincial.
El Gobierno neuquino insistió en que la ejecución de desalojos requiere la activación de un protocolo específico que incluye la participación de múltiples organismos. Según explicaron, la Policía evaluó que no estaban dadas las condiciones para intervenir sin esos recursos.
El caso reabre el debate sobre la implementación efectiva de las decisiones judiciales en conflictos territoriales, especialmente en una provincia donde existen otros casos similares con sentencia firme pero sin ejecución. Además, pone en evidencia las dificultades para articular acciones entre distintos poderes del Estado en situaciones de alta sensibilidad social y política. Mientras tanto, el conflicto sigue sin resolución definitiva y se suma a una lista de disputas territoriales que continúan generando tensión en la región.