Referentes locales cuestionan la iniciativa del Gobierno nacional, que plantea un reempadronamiento y revisión de pensiones, advirtiendo sobre posibles retrocesos en derechos.
Un nuevo proyecto del Gobierno nacional para modificar la Ley de Discapacidad ha generado un fuerte rechazo en distintos sectores. En Comodoro Rivadavia, la presidenta del Consejo Municipal de Discapacidad, Carla Sueldo, cuestionó la iniciativa y advirtió que implica un retroceso en materia de derechos.
Según explicó Sueldo, se trata de un nuevo intento de avanzar sobre la ley de emergencia nacional de discapacidad. «Vuelven a presentar un proyecto que desestima todo lo que se viene trabajando en la acreditación de las condiciones de discapacidad, tanto económicas como sanitarias», señaló en diálogo con medios locales.
Uno de los puntos más criticados es la revisión de las certificaciones. «Las personas con discapacidad no eligen tener discapacidad. Son condiciones que ya están certificadas y no tienen que volver a justificarse», remarcó la referente.
Otro aspecto cuestionado es el impacto sobre las prestaciones y tratamientos. Sueldo advirtió que una eventual desregulación del sistema podría generar una crisis en la atención que reciben miles de personas. «Hoy ya es difícil garantizar terapias en este contexto. Las familias están en una situación de incertidumbre constante», explicó.
Además, expresó preocupación por los cambios vinculados a las pensiones. Según indicó, el proyecto plantea que quienes accedan a un empleo podrían perder ese beneficio, lo que, a su juicio, desalienta la inclusión laboral.
Frente a este escenario, desde el Consejo Municipal de Discapacidad adelantaron que impulsarán pronunciamientos formales y convocaron a la comunidad a involucrarse. El tema será uno de los ejes centrales en la próxima asamblea del organismo, prevista para el 29 de abril.
El proyecto ingresado por el oficialismo en el Senado incluye medidas como un reempadronamiento de titulares de pensiones por invalidez laboral, la incompatibilidad de la pensión con un empleo formal, la mantención del monto sin aumentos adicionales y la implementación de un sistema de auditorías periódicas con cruce de datos entre organismos públicos.