En un procedimiento inédito para la región, la Fiscalía Especializada en Cibercrimen aseguró bienes digitales y dinero en efectivo tras una denuncia por robo de celular y posterior estafa. La investigación contó con cooperación internacional.
La Fiscalía Especializada en Cibercrimen, con competencia en Chubut, concretó una incautación de criptoactivos en el marco de una investigación por la sustracción de activos virtuales. El procedimiento fue encabezado por los fiscales Fernando Rivarola y Eugenia Domínguez, junto al profesional Juan Uad, y permitió asegurar bienes por un valor superior a los 150.000 dólares estadounidenses, entre criptomonedas, dinero en efectivo y divisas.
La investigación se inició a partir de una denuncia radicada por una víctima que sufrió el robo de su teléfono celular. Los delincuentes accedieron a su cuenta bancaria y convirtieron los fondos en criptoactivos, los cuales fueron transferidos a distintas billeteras digitales hasta derivar en una cuenta asociada a una imputada.
La medida se llevó adelante mediante allanamientos realizados en dos inmuebles ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se secuestraron distintos dispositivos de almacenamiento de criptoactivos (wallets), tanto de hardware como de software, vinculados a los activos investigados.
El operativo se realizó con la cooperación de la División de Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Ambos organismos coordinaron la transferencia de los criptoactivos hacia una billetera institucional bajo custodia del Ministerio Público Fiscal, siguiendo las directrices de una guía práctica publicada en 2022.
La incautación fue previamente autorizada por el juez interviniente, luego de que se lograra acreditar, mediante técnicas de trazabilidad, el recorrido de los fondos sustraídos. La investigación permitió identificar a la titular de la billetera receptora, una ciudadana de nacionalidad china radicada en el país.
Asimismo, se constató que la cuenta investigada había sido bloqueada por agentes del FBI de los Estados Unidos, quienes se contactaron con las autoridades argentinas para coordinar acciones de cooperación recíproca.
El procedimiento se enmarca en las facultades conferidas al Ministerio Público Fiscal por la Ley XV N° 43, recientemente aprobada en la Provincia de Chubut, que habilita la adopción de medidas de bloqueo preventivo de cuentas, secuestro de datos y conservación de bienes vinculados a la investigación penal, incluyendo activos digitales.