El Colegio Público de Abogados de Comodoro Rivadavia informó que Roberto Castillo no posee matrícula habilitante en Chubut, lo que limita su actuación formal en la causa judicial. El letrado rechazó las declaraciones y acusó a la institución de intentar silenciar a la familia.
La controversia por la representación legal en el caso de Ángel Nicolás López, el niño de 4 años fallecido en Comodoro Rivadavia, sumó un nuevo capítulo este martes. El Colegio Público de Abogados local confirmó que Roberto Castillo, quien se ha mostrado como parte del equipo de la familia, no cuenta con matrícula habilitante para ejercer en la provincia de Chubut.
Pedro Ferreira Taviansky, presidente del Colegio, explicó que la intervención de la entidad respondió a consultas de la fiscalía y medios de comunicación. «Simplemente expresamos que esta persona no tiene matrícula para actuar en la provincia. Las matrículas son provinciales y cada profesional debe contar con habilitación en la jurisdicción donde ejerce», sostuvo.
Tras verificar la situación, Ferreira aseguró que Castillo no figura matriculado «ni en el Colegio de Comodoro ni en ninguno de los cinco colegios de abogados de Chubut». Precisó que, sin matrícula, el letrado «no puede hacer presentaciones judiciales, acceder a expedientes ni participar de audiencias como representante». Aclaró, sin embargo, que Castillo estaría trabajando junto a la abogada Fiorella Picón, quien sí está matriculada y puede intervenir formalmente en la causa.
En respuesta, Roberto Castillo publicó un mensaje en redes sociales cuestionando al Colegio. «Rechazo la inconducta del Colegio de Abogados de Comodoro Rivadavia que está haciendo múltiples esfuerzos para silenciar a la familia de Ángel. Incluso presionándome para que abandone su representación», expresó.
Ferreira rechazó esas acusaciones y aseguró que desde la institución «no hay ningún interés en que esta persona sea parte o no del caso», sino que se advirtió una irregularidad profesional. «Deseamos que el caso se resuelva como tenga que resolverse y que se determinen las responsabilidades. Desde ya, le damos todo el apoyo a la familia», afirmó.
El conflicto se da en paralelo al avance de la causa judicial. Este martes se realizó la audiencia de apertura de investigación por el presunto homicidio, donde también se debatió la prisión preventiva para los dos detenidos: la madre del menor, Mariela Altamirano, y su pareja, Michel González.