El abogado defensor argumentó que no hay evidencia que ubique a su clienta en el momento de los hechos y puso en duda la interpretación del informe forense durante la audiencia de control de detención.
En el marco de la audiencia de control de detención por la muerte de Ángel López, el abogado de Mariela Altamirano expuso su postura ante la acusación y rechazó que existan pruebas suficientes para sostener la responsabilidad de su defendida. En su intervención, cuestionó la interpretación de las lesiones detectadas y puso en duda la atribución de omisiones en el caso.
El defensor sostuvo que el informe del cuerpo médico forense no permite establecer con precisión el origen ni la fecha exacta de las lesiones encontradas en el cuerpo del niño. En ese sentido, remarcó que las heridas podrían haberse producido entre 7 y 10 días antes de la autopsia, lo que amplía el margen temporal de análisis dentro de la investigación.
También explicó que el informe describe la presencia de múltiples lesiones, pero aclaró que se trataría de infiltraciones en el cuero cabelludo de entre 1 y 3 centímetros, que, según su interpretación, podrían asemejarse a golpes de menor intensidad. Asimismo, planteó que la causa de la muerte no sería única, sino que existirían distintas hipótesis médicas posibles en torno a la inflamación cerebral detectada.
La defensa cuestionó la acusación en relación con las supuestas omisiones atribuidas a la madre del niño. «No está probado que ella estuviera cuando lo golpeaban», afirmó el abogado al rechazar que exista evidencia que ubique a Altamirano en el lugar de los hechos al momento de las lesiones. En esa línea, sostuvo que tampoco hay elementos que permitan asegurar que la imputada haya tenido conocimiento directo de lo ocurrido, especialmente considerando que las lesiones no eran visibles externamente, según el propio informe médico.
El letrado también se refirió a la segunda omisión atribuida por la fiscalía, vinculada a la falta de acción ante supuestos síntomas del menor. En ese punto, señaló que el único episodio mencionado corresponde a que el niño se había orinado el día anterior, lo que, según su postura, no constituiría un indicio suficiente para prever una situación de gravedad.
Finalmente, la defensa pidió rechazar la apertura de la investigación en los términos actuales y propuso medidas alternativas a la detención de su defendida. Entre ellas, solicitó presentaciones periódicas ante la oficina judicial dos veces por semana y la prohibición de salir de la ciudad mientras avance el proceso. El juez Alejandro Soñís otorgó 6 meses de prisión preventiva para los imputados, Mariela Altamirano y Maicol González, mientras avanza la investigación.