El fallo judicial estadounidense pone fin a una larga disputa legal y destaca la continuidad de la estrategia legal argentina a través de distintos gobiernos, mientras se analizan los antecedentes y el contexto de la decisión de 2012.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York confirmó que la recuperación de YPF por parte del Estado argentino en 2012 fue legal, eximiendo al país de pagar una indemnización de 18 mil millones de dólares al fondo Burford Capital. El fallo marca el final de un extenso litigio y genera análisis sobre sus implicancias políticas y económicas.
La decisión judicial se basó en argumentos que sostuvieron distintos gobiernos argentinos, independientemente de su signo político. La Procuración del Tesoro mantuvo una línea de defensa coherente a lo largo de las administraciones de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y la actual de Javier Milei.
El contexto de la estatización de YPF en 2012 incluyó la decisión de Repsol de reorientar sus inversiones fuera de Argentina y, según documentos internos de la empresa, evaluar la venta de activos en Vaca Muerta. El proceso de recuperación se realizó mediante negociaciones y sin intervenciones forzosas en las oficinas de la empresa.
En el plano internacional, el fallo contó con el respaldo de ‘amicus curiae’ (amicigos de la corte) presentados por los gobiernos de Brasil, Chile, Ecuador y Uruguay, así como por las provincias argentinas productoras de hidrocarburos, el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y académicos especializados. Estos documentos coincidieron en señalar que el caso no debía ser juzgado en tribunales estadounidenses y que la jueza de primera instancia, Loretta Preska, había interpretado incorrectamente la ley argentina.
El resultado legal evita un desembolso millonario para el Estado nacional y cierra un capítulo de incertidumbre jurídica que se extendió por más de una década.