Las recientes inspecciones realizadas por los equipos técnicos del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) encendieron alarmas por la magnitud de las inconsistencias halladas. El dato más impactante surgió del análisis de las Órdenes Médicas Electrónicas (OME) en el área de cardiología. Según el informe oficial, se identificaron prestadores contratados como personas físicas que registraron hasta 689 órdenes en un solo día, vinculadas a 326 pacientes distintos.
Si se toma como base un tiempo promedio de atención de 15 a 20 minutos por paciente, completar esa cantidad de consultas requeriría una jornada laboral de entre 81,5 y 108,7 horas consecutivas. Esta cifra resulta materialmente imposible de cumplir en un día calendario de 24 horas, lo que evidencia una manipulación sistemática del sistema de facturación. Además, se detectaron casos donde un mismo profesional otorgaba turnos para prácticas diferentes en el mismo horario y lugar, rompiendo cualquier criterio de trazabilidad y control básico de salud.
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Gastroenterología y la saturación de quirófanos
El área de gastroenterología también presentó irregularidades que la auditoría calificó como «incompatibles con la infraestructura declarada». En un caso testigo, un centro de salud que cuenta con apenas dos quirófanos informó la realización de 283 prácticas médicas sobre 95 pacientes en un lapso de solo cinco horas. Para los peritos del PAMI, este volumen de atención excede de manera evidente la capacidad operativa del establecimiento, sugiriendo que gran parte de esas intervenciones nunca ocurrieron o se cargaron de forma irregular para cobrar fondos públicos.
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Estas maniobras no son hechos aislados, sino que forman parte de una batería de hallazgos que incluyen la confección de recetas electrónicas falsas a nombre de jubilados que jamás solicitaron los medicamentos, así como el uso indebido de datos personales de los afiliados para justificar prestaciones inexistentes. En muchos de estos expedientes, los jubilados figuran como pacientes atendidos con éxito, cuando en la realidad nunca pisaron el consultorio ni recibieron el tratamiento indicado.
El fin de la cartelización en insumos básicos
En paralelo a las denuncias por servicios médicos, la administración central avanzó sobre otros nichos de gasto discrecional. A mediados de junio de 2025, el Instituto modificó la modalidad de entrega de Higiénicos Absorbentes Descartables (pañales), eliminando el retiro directo por farmacia bajo el sistema anterior. Voceros del organismo explicaron que durante años un grupo reducido de proveedores cartelizó los precios, enriqueciéndose mediante un esquema sin competencia ni controles efectivos.
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Con el nuevo mecanismo de licitación pública centralizada, el PAMI proyecta un ahorro anual estimado en 5.000 millones de pesos. Esta medida busca desarticular lo que las autoridades denominaron como «kioscos» de gestiones anteriores, donde las compras se realizaban de forma fragmentada por cada efector de salud, lo que elevaba los costos y dificultaba la fiscalización de los insumos que efectivamente llegaban a manos de los jubilados.
Medidas de control y judicialización de los casos
Ante la gravedad de los hechos, la conducción del PAMI puso en marcha un endurecimiento del sistema de fiscalización. Entre las nuevas herramientas se destaca el uso obligatorio del turnero digital del Instituto, el cual permitirá un monitoreo permanente de los umbrales prestacionales en tiempo real. Asimismo, se implementaron cruces de datos automatizados para detectar patrones de repetición y desvíos en la conducta de los prestadores según su capacidad técnica declarada.
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Las presentaciones judiciales ya se encuentran en la etapa de investigación bajo la hipótesis de defraudación contra la administración pública. Aunque el perjuicio total todavía está en proceso de cuantificación por parte de los peritos contables de la Justicia Federal, se estima que las maniobras involucran sumas multimillonarias. Desde el organismo remarcaron que estas acciones no representan un recorte en las prestaciones de los afiliados, sino un blindaje de los recursos para garantizar que cada peso invertido llegue realmente al beneficiario final.
Hacia un sistema de salud transparente
El reordenamiento del PAMI apunta a recuperar la confianza en una de las instituciones más sensibles del Estado nacional. La optimización en la compra de insumos y el monitoreo estricto de los servicios médicos buscan cerrar los canales de fraude estructural que erosionaron el presupuesto del instituto durante décadas. Con causas judiciales abiertas y sumarios administrativos en curso, el organismo intenta depurar su padrón de prestadores, penalizando de forma automática cualquier excedente que no tenga una justificación médica y física razonable.
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La gestión actual insiste en que la transparencia es el único camino para sostener la viabilidad de la obra social más grande de Latinoamérica. Mientras las auditorías continúan expandiéndose a otras especialidades médicas, los jubilados esperan que estas medidas se traduzcan en una mejor calidad de atención y en el fin de las irregularidades que, durante años, desvieron fondos destinados a su salud.
