El Gobierno de Javier Milei analiza acudir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en caso de que el Congreso rechace los vetos a el aumento jubilatorio, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Se trata de una de las alternativas más firmes que evalúa el Ejecutivo, que contempla además la posibilidad de solicitar la nulidad de la sesión del Senado en la que se aprobaron esas iniciativas. Otra de las opciones en estudio es llevar el caso al fuero Contencioso Administrativo.
La estrategia legal del oficialismo está bajo la conducción de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, quien coordina el trabajo junto con el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, los equipos de la Procuración del Tesoro y un grupo de abogados de la mesa presidencial. Desde la Casa Rosada reconocen que el objetivo es “dilatar la aplicación de la ley todo lo que nos permita la Justicia”.
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Milei vetó el aumento a jubilaciones y la ley de emergencia en discapacidad
Archivo-Minuto Uno
Desde Casa Rosada rechazan el argumento de que el veto haya validado la sesión y aseguran que agotarán todas las variables en carpeta para llegar a las elecciones legislativas sin realizar la erogación presupuestaria. “Bajo ningún aspecto vamos a promulgar las leyes. Los fondos no se van a gastar”, manifiestan.
Además, aclararon que no preparan una medida para compensar los vetos con aumentos jubilatorios ni con una recomposición de las pensiones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que está en la órbita del ministro de Salud, Mario Lugones. “Vamos a seguir recortando pensiones”, agregaron, según publica TN.
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Un nuevo revés para el Congreso.
Ilustrativa-Diario Río Negro
El Gobierno mantiene la intención de argumentar que la autoconvocatoria del Senado es ilegal y que lo aprobado durante la sesión del jueves no tiene validez. Planea invocar el artículo 32 del reglamento de la Cámara Alta, que fija la convocatoria de sesiones ordinarias, especiales y extraordinarias entre las atribuciones del presidente.
Otro de los argumentos que tiene en carpeta el Ejecutivo es el impacto fiscal de la medida, que ya incluyó en los considerandos del veto. Insiste además en que las fuentes de financiamiento de la ley no contemplan más del 15% de los fondos requeridos para ejecutarla y apela a la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.
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La Casa Rosada amenaza además con vetar el proyecto que aumenta los fondos para las provincias en caso de que se convierta en ley.
Desde el gobierno esperan una “sesión negra” este miércoles en la Cámara de Diputados, aunque los funcionarios que mantienen contacto con los bloques aliados intentaron sumar adhesiones hasta última hora para conseguir el número de 86 diputados que les permite sostener los vetos. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el jefe de gabinete, Guillermo Francos, están a cargo de las negociaciones parlamentarias.