El diputado nacional José Glinski afirmó que el monto acordado entre YPF y la provincia de Chubut para la remediación ambiental del área Restinga Alí es insuficiente y presentó un proyecto de ley sobre pasivos ambientales hidrocarburíferos.
El diputado nacional José Glinski volvió a poner en discusión los fondos comprometidos para afrontar los pasivos ambientales acumulados durante décadas de explotación petrolera en Chubut, al defender su proyecto de ley sobre pasivos ambientales hidrocarburíferos presentado recientemente en el Congreso.
Glinski consideró que los 25 millones de dólares acordados para las tareas de remediación en el área Restinga Alí —revertida por YPF a la provincia en 2023— resultan insuficientes frente a la magnitud de las intervenciones pendientes. «La provincia y la compañía reconocen la necesidad de avanzar en la remediación de los pasivos ambientales y firman un acuerdo por 25 millones de dólares para remediar principalmente los pozos offshore, dejando abierta la posibilidad de avanzar también sobre los pozos e instalaciones onshore. Esa situación no puede ser bajo ningún punto de vista compensada con 25 millones de dólares», afirmó en diálogo con Actualidad 2.0.
El planteo reactualizó una discusión que tomó fuerza en julio de 2023, cuando se conocieron los términos del acuerdo entre YPF y la provincia para la reversión del área. En aquel momento, el monto destinado a remediación ambiental fue uno de los puntos centrales del debate, tanto por el volumen de pasivos acumulados como por la complejidad técnica que implica intervenir en instalaciones ubicadas dentro del ejido urbano de Comodoro Rivadavia y en sectores costeros.
Glinski vinculó la discusión sobre los pasivos ambientales con el proceso de transferencia de áreas que YPF concretó en la Cuenca del Golfo San Jorge. «Hay que poner una lupa sobre esas transferencias y sobre la desresponsabilización de YPF respecto de yacimientos que explotó durante decenas de años», sostuvo. El diputado remarcó que todavía existen interrogantes sobre la forma en que fueron asignadas las obligaciones ambientales derivadas de esas operaciones y señaló que el debate no debería limitarse exclusivamente a los aspectos contractuales entre las empresas y el Estado.
En ese contexto, mencionó que el proyecto de ley propone la creación de un registro nacional de pasivos ambientales hidrocarburíferos, con el objetivo de identificar y mapear las áreas afectadas, además de incorporar la figura de los «pozos huérfanos» —aquellos que carecen de un operador identificable o cuyos responsables no cuentan con capacidad financiera para afrontar los trabajos de remediación.
Durante la entrevista, Glinski sostuvo que la situación de Comodoro Rivadavia expone con claridad las consecuencias que pueden derivarse de la falta de cierre y saneamiento adecuados de instalaciones petroleras abandonadas. «No es lo mismo cerrar un pozo en el mar que hacerlo en el patio de una escuela», ejemplificó, al recordar antecedentes registrados en la ciudad vinculados a antiguos pozos ubicados en sectores urbanos.
Según argumentó, la discusión sobre los pasivos ambientales cobra especial relevancia en una etapa de transición para las cuencas convencionales, marcada por la pérdida de actividad y empleo, mientras las inversiones se concentran crecientemente en desarrollos no convencionales como Vaca Muerta. En ese sentido, planteó que las tareas de abandono, sellado y remediación podrían convertirse también en una fuente de actividad para trabajadores y empresas de servicios que hoy enfrentan una retracción del mercado convencional.
El proyecto impulsado por el legislador propone la creación de un fondo específico destinado a financiar trabajos de remediación ambiental vinculados a la actividad hidrocarburífera. Aunque reconoció que las empresas continúan siendo las principales responsables de afrontar esos costos, sostuvo que la experiencia internacional demuestra la necesidad de contar con mecanismos permanentes para garantizar las tareas de saneamiento, especialmente frente a escenarios de cierre de áreas, cambios de operadores o situaciones de insolvencia empresaria. «Lo que buscamos es que la discusión se ponga sobre la mesa. Quienes vivimos en zonas fuertemente impactadas por la actividad petrolera merecemos discutir cómo reparar esos pasivos y quién debe hacerse cargo», concluyó.