El Estado rionegrino implementará un sistema de rastreo satelital para identificar residencias y desarrollos turísticos en áreas rurales que tributan como tierras productivas. La medida, oficializada mediante la Resolución 82/2026, busca recategorizar estos inmuebles y aplicar mayores cargas fiscales.
El Gobierno de Río Negro, a través de la Gerencia de Catastro, oficializó el uso de imágenes satelitales para detectar edificaciones de lujo en zonas rurales que tributan como tierras productivas. La Resolución 82/2026 establece un procedimiento remoto de rastreo tecnológico para identificar residencias permanentes, desarrollos turísticos y otras construcciones que no se corresponden con la actividad agropecuaria.
El titular del organismo, Marcelo Adrián Lupiano, firmó la normativa que pone en marcha este barrido virtual en toda la geografía rionegrina. Según el texto oficial, los principios de justicia y equidad del sistema impositivo hacen necesario ajustar las valuaciones de las mejoras edilicias detectadas.
El procedimiento se basará en el análisis de imágenes satelitales y aerofotogramétricas. Los técnicos del Estado vectorizarán de manera informática las construcciones aparentes y calcularán las superficies cubiertas y semicubiertas sin necesidad de ingresar al terreno. La resolución aclara que, al tratarse de un despliegue masivo y remoto, resulta impracticable la inspección individual de cada propiedad.
Para establecer los nuevos valores impositivos, el Gobierno definió una escala: las construcciones destinadas a viviendas, hotelería y comercio recibirán una calificación de 130 puntos, mientras que los galpones y depósitos sumarán 80 puntos. Se aplicará un coeficiente corrector que asimilará estas propiedades a la categoría de inmuebles suburbanos mixtos, anulando los beneficios impositivos de las parcelas rurales.
Además, la agencia recaudadora confirmó que no expedirá el certificado catastral si se verifican mejoras construidas y no declaradas que generen inconsistencias valuatorias. Este bloqueo impedirá cualquier transferencia o venta del inmueble hasta que los titulares regularicen su situación patrimonial.
