La empresa Patagonia Argentina, a través de su abogado José María Ferreyra de las Casas, informó que no aceptará nuevas extensiones del contrato de transporte público y reclama un acuerdo directo por cinco años, mientras avanza con una demanda judicial que podría ascender a 37 millones de dólares.
La disputa por la licitación del servicio de transporte público de pasajeros en Comodoro Rivadavia suma un nuevo capítulo. La empresa Patagonia Argentina, mediante su abogado José María Ferreyra de las Casas, afirmó que no firmará más prórrogas del contrato actual, cuyo vencimiento está previsto para el 31 de mayo, y exige un contrato directo por cinco años para continuar operando.
Según declaró Ferreyra de las Casas, la empresa recibió una propuesta de prórroga por parte del Municipio, pero la rechazó. “Nosotros entregamos la respuesta, con varios puntos y condiciones”, señaló. Entre las exigencias figura la contratación directa por cinco años. “No hay más prórrogas. Patagonia no da más prórrogas”, sostuvo el abogado.
En paralelo, la empresa inició una demanda judicial solicitando la nulidad del proceso licitatorio que adjudicó el servicio al Grupo MR. Ferreyra de las Casas indicó que, si la Justicia no anula el proceso, avanzarán con una acción por daños y perjuicios estimada en 37 millones de dólares por lucro cesante.
El abogado cuestionó el proceso administrativo y sostuvo que desde 2015 hubo una “presión” sobre la empresa, que derivó en prórrogas sucesivas que afectaron su capacidad operativa. “Las prórrogas fueron causando un deterioro en la flota, quitándole a Patagonia competitividad en la licitación”, afirmó.
También denunció presuntas irregularidades en la licitación, como el acceso a información privilegiada por parte del Grupo MR. “MR sabía lo que había presentado Patagonia antes de que se informara por los canales oficiales”, declaró. Además, señaló que la normativa de preferencia para empresas locales no se habría aplicado correctamente, ya que Patagonia ofreció un precio menor al de su competidor.
Ferreyra de las Casas mencionó que la demanda incluye la posibilidad de que los funcionarios municipales involucrados en el proceso asuman la responsabilidad patrimonial. “La demanda es contra la municipalidad, pero en todo el texto se sostiene que eso no debe pagarlo el contribuyente, sino los funcionarios que cometieron los errores”, aseguró, mencionando a integrantes de la comisión de preadjudicación, al intendente, al secretario de Gobierno y al ex asesor letrado municipal, Jorge Echelini.