La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) alertó sobre el impacto de las modificaciones al Régimen de Zona Fría en el poder adquisitivo y la competitividad regional.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), a través de su Bloque Patagónico, manifestó su preocupación por las modificaciones impulsadas al Régimen de Zona Fría. Según la entidad, los cambios afectarían directamente el poder adquisitivo de las familias, la competitividad de las pymes y el desarrollo económico regional en las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
La Patagonia presenta características climáticas, geográficas y demográficas que convierten al gas y a la energía en servicios esenciales durante gran parte del año. En vastas regiones del sur argentino, las bajas temperaturas se extienden entre ocho y nueve meses anuales, lo que dificulta reducir el consumo energético de hogares, comercios e industrias.
Las modificaciones propuestas alteran la lógica histórica del régimen compensatorio diseñado para equilibrar asimetrías estructurales. Limitar el beneficio al valor del gas en boca de pozo implicaría trasladar a los usuarios costos crecientes de transporte, distribución e impuestos, generando incrementos tarifarios que podrían superar la capacidad de pago de miles de familias patagónicas.
Proyecciones de organismos especializados estiman aumentos significativos en facturas residenciales y comerciales. Esta situación tendría un efecto inmediato sobre el consumo interno, la actividad económica y el empleo regional. Las pymes patagónicas ya enfrentan caída de ventas, aumento de costos operativos y dificultades financieras.
La región patagónica no reclama privilegios, sino el reconocimiento de condiciones objetivas que históricamente justificaron políticas diferenciales, afirmó CAME. El costo energético en el sur argentino no puede analizarse con los mismos parámetros que en otras regiones del país.
Las entidades que conforman el Bloque Patagónico de CAME —CACIP, FEEN, FEERN, FEEBA, FECh, FESC y la Cámara de Comercio de Ushuaia— consideraron imprescindible abrir una instancia de diálogo institucional y federal para evaluar las consecuencias económicas y sociales de la reforma antes de su implementación definitiva.