La iniciativa busca que la comisión inmobiliaria sea pagada por el propietario y el sellado del contrato se divida en partes iguales. El Sindicato de Inquilinos cuestionó la oposición del PJ.
Un proyecto de ley impulsado por el bloque del PICH que busca reducir los costos de ingreso a los alquileres volvió a comisión en la Legislatura de Chubut. La propuesta establece que la comisión inmobiliaria sea afrontada en su totalidad por el propietario y que el sellado del contrato se pague en partes iguales entre locador e inquilino.
Pamela Demes, titular del Sindicato de Inquilinos, explicó que la medida ya funciona en otras provincias y apunta a aliviar uno de los principales obstáculos para acceder a una vivienda. “Lo que propone esta ley es que la comisión inmobiliaria, por ser un servicio administrativo que decide contratar el propietario, la pague el dueño del inmueble. Y además que el sellado se abone al 50% entre ambas partes”, señaló.
Demes indicó que hoy muchas familias deben reunir hasta cuatro meses de alquiler para ingresar a una vivienda, entre depósito, alquiler adelantado, sellado y comisión inmobiliaria. “Hay inmobiliarias que incluso piden dos meses de depósito. Es imposible para muchísimas familias”, sostuvo.
El expediente regresará a las comisiones de Presupuesto y de Asuntos Constitucionales para incorporar modificaciones antes de volver al recinto. Una de las objeciones planteadas durante el debate estuvo vinculada a la posibilidad de incorporar herramientas crediticias para inquilinos. “Las familias ya están endeudadas. Introducir créditos no necesariamente es una mejora, salvo que fueran a costo cero”, manifestó Demes, quien agregó que el PJ fue el sector que se opuso a la iniciativa.
La dirigente también cuestionó la falta de controles sobre el mercado de alquileres en Chubut y aseguró que existe un alto nivel de informalidad. Citando datos de AFIP de 2023, indicó que en la provincia habría unas 53.000 unidades habitacionales en alquiler, pero solamente 3.091 contratos registrados formalmente. “Hay muchísimas relaciones de alquiler donde las familias no reciben factura, pero sí pagan costos altísimos”, denunció.
En ese sentido, sostuvo que el proyecto también buscaba ratificar el tope legal del 4% para las comisiones inmobiliarias, algo que —según afirmó— no siempre se cumple. “Nadie controla a nadie y cada uno hace lo que quiere”, cuestionó.
Demes aseguró además que desde el sindicato reciben consultas permanentes de familias que tienen dificultades para sostener el pago de los alquileres. “Tenemos casos de personas a las que les cobraron un 10% diario de punitorio por atraso. Pasaron de deber 900.000 pesos a tener que pagar un millón y medio en diez días”, afirmó.
También vinculó la problemática con la pérdida de poder adquisitivo de distintos sectores laborales y la imposibilidad de acceder a créditos hipotecarios. “Muchos empleados estatales no llegamos a fin de mes y tampoco podemos acceder a un crédito para tener vivienda propia”, concluyó.