Una mujer que concurrió a declarar como testigo por un robo en una comisaría de Córdoba denunció que fue encerrada, presionada y obligada a mostrar fotos y videos íntimos de su celular. La Justicia investiga a cuatro efectivos por posible abuso de autoridad.
Una mujer denunció que fue víctima de una situación humillante mientras declaraba como testigo en una comisaría de Córdoba. Según su relato, había sido citada por una causa de robo, pero durante el procedimiento fue encerrada, presionada e interrogada de manera irregular por cuatro efectivos policiales.
El hecho ocurrió en una causa por robo donde la víctima ni siquiera se encontraba imputada. Según su propio testimonio, los agentes le exigieron que mostrara imágenes y videos íntimos almacenados en su celular, material que no tenía ninguna relación con la investigación. La situación habría escalado bajo presión, con intentos de que la mujer se autoincriminara en el hecho, según publica TN.
El episodio tuvo un fuerte impacto emocional. De acuerdo a su abogado, Ignacio Almada Vargas, la mujer sufrió una crisis posterior que derivó en un intento de suicidio, por lo que debió ser internada de urgencia.
La Justicia de Córdoba ya abrió una investigación para determinar responsabilidades. La causa apunta a posibles delitos vinculados al abuso de autoridad y al mal desempeño de funciones por parte de los efectivos involucrados. Por el momento, no trascendió la versión de los policías ni de la fiscalía interviniente.
Además, la defensa solicitó la intervención de la oficina de Violencia de Género de Jesús María, mientras avanza el proceso judicial. En casos de este tipo, si la Justicia comprueba los hechos denunciados, los efectivos podrían enfrentar distintas consecuencias tanto penales como administrativas. En el plano penal, podrían ser imputados por delitos como abuso de autoridad, coacción e incluso violación de los deberes de funcionario público, dependiendo de cómo se encuadre su conducta en el Código Penal. A nivel administrativo, la fuerza policial podría disponer sanciones internas que van desde suspensiones hasta la exoneración definitiva, es decir, la expulsión de la institución. Además, si se comprueba que hubo violencia de género o vulneración de la intimidad, podrían sumarse agravantes que compliquen aún más la situación judicial de los involucrados.
Con información de TN, editada y redactada por un periodista de ADNSUR.