A un mes del asesinato de Ángel Nicolás López, el niño de 4 años hallado sin vida en Comodoro Rivadavia, el abogado de la familia paterna confirmó que presentará denuncias contra funcionarios judiciales por presuntas irregularidades en el proceso de restitución del menor.
El abogado Roberto Castillo, representante de la familia paterna de Ángel Nicolás López, el niño de 4 años asesinado el pasado 5 de abril en Comodoro Rivadavia, confirmó que presentará denuncias contra un juez, una defensora de menores y dos psicólogas por presuntas irregularidades y omisiones que, según su criterio, habrían sido determinantes en el desenlace fatal.
La causa penal principal mantiene con prisión preventiva por seis meses a la madre biológica del menor, Mariela Altamirano, y a su pareja, Michel González, quienes estaban a cargo del niño al momento de su muerte. La autopsia preliminar reveló múltiples golpes como causa del fallecimiento.
En declaraciones al programa “Buen Día Comodoro” de SETA TV, Castillo indicó que este lunes acompañaría a Luis —padre del niño— y a Lorena —quien cumplía el rol de madre de crianza— a prestar declaración testimonial, ya que hasta el momento no habían sido convocados formalmente en el proceso. “Nos parece que su testimonio es de lo más valioso, porque fueron las personas más cercanas a Ángel. Pueden dar cuenta de su realidad, de su entorno y de lo que él expresaba”, señaló el letrado.
El abogado explicó que durante la jornada se avanzaría con presentaciones judiciales paralelas a la causa penal principal, con el objetivo de investigar posibles responsabilidades dentro del fuero de familia. “No es lo mismo decir ‘hay que denunciar a todos’ que poder sostener jurídicamente cada acusación. Por eso nos tomamos semanas para estudiar el expediente e identificar qué le correspondía hacer a cada uno y qué no hicieron”, afirmó.
Castillo cuestionó el accionar del juez de familia, al considerar que no realizó una escucha activa del menor. “La Convención de los Derechos del Niño exige una escucha acorde al desarrollo madurativo. Ángel tenía dificultades para expresarse. Si el juez no pudo identificar que su figura materna era Lorena, es porque no hizo preguntas de contexto. Solo escuchó ‘me quiero ir con mi mamá’ y supuso que hablaba de la progenitora”, explicó.
También criticó que se haya dispuesto el cambio de guarda con base en el dictamen de la defensora de menores, sin un análisis integral de la situación. “No entendemos cómo, con un solo dictamen, se le quita el cuidado personal. Además, se dictó una prohibición de acercamiento que aisló completamente a Ángel de su entorno de contención”, agregó.
En ese sentido, cuestionó decisiones como el desarraigo abrupto del niño: “Lo sacaron de su casa, de su padre, de su madre de crianza, del jardín y de sus amigos. Nadie evaluó el impacto de eso. No hubo una intervención estatal real”.
“Mariela se revinculó solo dos veces; hay un informe en el expediente de un psicólogo que actuó muy bien y advirtió que esta mujer ponía sus intereses por encima de los del menor y que el niño no la reconocía como madre. El juez Pérez inicialmente actuó bien y dijo que ella lo había abandonado, pero después cambiaron de manera rotunda ese criterio y de un momento a otro lo desarraigaron, le pusieron una prohibición de acercamiento, lo sacaron del jardín y empezó a vivir en un lugar que no tenía baño ni habitación, donde le pegaban. La justicia tiene que hacer una profunda reflexión”, remarcó.
Uno de los puntos más relevantes planteados por la querella es la existencia de pruebas que contradicen la hipótesis inicial de la fiscalía, que atribuía las agresiones principalmente al padrastro. Según Castillo, cuentan con elementos que demostrarían que la madre también ejercía violencia directa. “No sostenemos que ella cometió el delito por omisión. Tenemos pruebas de que le pegaba. Era una mujer impulsiva que se desquitaba con el niño”, aseguró.
Entre esas evidencias mencionó una denuncia de 2023, en la que el padre habría presentado una toalla con sangre tras un episodio de agresión. “Luis dejó constancia de que la madre le había dado una piña en la boca al nene porque estaba enojada”, relató. También indicó que existen antecedentes de violencia hacia otro hijo de la mujer. “Tenemos fotos del estado en que dejaba a Dante, su hijo mayor, y el testimonio de una expareja que presenció esos maltratos. Por eso la justicia de Misiones le quitó el cuidado de ese niño. Gracias a esa intervención, Dante está vivo. En cambio, por la inobservancia en este caso, Ángel está muerto”, expresó.
El abogado adelantó además la existencia de grabaciones realizadas por el padre del menor, en las que se evidenciarían pedidos de ayuda a profesionales que no habrían actuado. “Luis grababa porque desconfiaba. Hay registros donde le plantea a una licenciada si era normal que el nene no quisiera ir con su madre y denunciaba golpes. La respuesta no fue la adecuada”, concluyó.