Desde el 1 de mayo rigen las nuevas tarifas de gas natural en la región, con un aumento promedio nacional del 5,6%. La medida impacta directamente en hogares, comercios y pymes de Chubut en plena temporada de mayor consumo.
Con la llegada del frío y el encendido masivo de calefactores, la Patagonia vuelve a quedar en el centro de una ecuación que se repite cada año: suben las tarifas justo cuando el consumo se vuelve inevitable. Desde este 1 de mayo, rigen los nuevos cuadros tarifarios del gas natural, oficializados por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y aplicados en la región por Camuzzi Gas del Sur.
El incremento, que a nivel nacional promedia un 5,6%, podría parecer moderado en términos estadísticos. Sin embargo, en buena parte de la Patagonia el número pierde dimensión frente a una realidad concreta: el gas no es un servicio más, sino una necesidad vital. Aquí no hay margen para reducir el consumo sin resignar calidad de vida.
El problema no es solo el porcentaje de aumento, sino el contexto en el que se aplica. La suba coincide con el inicio de la temporada de mayor demanda energética, lo que multiplica el impacto real en las facturas de hogares, comercios y pequeñas empresas. Las resoluciones del ENARGAS establecen modificaciones tanto en los cargos fijos como en el valor del metro cúbico consumido.
A esto se suma una política de reducción de subsidios que, aunque busca ordenar las cuentas públicas, profundiza las desigualdades territoriales: no es lo mismo consumir gas en el centro del país que en una región donde las temperaturas bajo cero son parte de la rutina. En este escenario, la segmentación tarifaria aparece como una herramienta clave, aunque insuficiente para muchos.
La necesidad de inscribirse o actualizar datos en el Registro de Subsidios Energéticos se vuelve urgente, pero no resuelve el problema de fondo: el costo de habitar el sur argentino sigue aumentando sin que existan mecanismos plenamente efectivos para amortiguar ese impacto.
Desde la empresa distribuidora argumentan que la actualización responde a la necesidad de cubrir costos operativos. Es una explicación lógica desde lo técnico, pero que choca con la percepción social de un servicio esencial cada vez más difícil de sostener. Mientras no haya una respuesta estructural, cada invierno seguirá trayendo lo mismo: tarifas más altas, ingresos que no acompañan y una sensación creciente de inequidad.