La Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados recibió a referentes de organizaciones sociales, quienes presentaron datos sobre represiones policiales en manifestaciones durante la gestión actual.
La Comisión de Derechos Humanos y Garantías, presidida por el diputado Horacio Pietragalla Corti, se reunió este martes para escuchar a representantes de organizaciones sociales que expusieron sobre la situación del derecho a la protesta y las represiones policiales en el marco del protocolo anti piquete del gobierno de Javier Milei.
Al inicio de la jornada, se completaron las autoridades de la comisión: la diputada oficialista Lorena Petrocvich fue designada vicepresidenta segunda, mientras que la diputada Eliana Bruno (LLA) fue elegida para la segunda secretaría y se reservó la tercera secretaría. Desde Unión por la Patria propusieron a Javier Andrade para la primera secretaría.
Antes de las exposiciones, la vicepresidenta segunda Lorena Petrovich cuestionó que su bloque “no fue consultado para armar la lista de oradores”, y lamentó no haber podido invitar a otras voces. Pietragalla Corti aclaró que se pasó una lista de citación y que “no cercenamos a nadie”.
El abogado Emanuel Zuccolo, representante de COREPI, sostuvo que “toda la batería de leyes y decretos sancionados por el Legislativo y el Ejecutivo, como la Ley Bases, privatización de empresas, reforma laboral, etc., van de la mano con la represión a los colectivos afectados por la quita de derechos”. Afirmó que el gobierno de Milei ha sancionado normas que “significan un cambio de régimen con suspensión de derechos y garantías constitucionales, garantizando la impunidad para los represores”. Zuccolo recordó que “a lo largo de estos años hemos visto como se ha reprimido ferozmente mediante operativos multifuerza a quienes osan disentir”, y ejemplificó con las marchas de jubilados de cada miércoles.
Zuccolo precisó que “tenemos más de 1.500 personas heridas en dos años por la represión estatal en la protesta social, casos emblemáticos como Pablo Grillo, y más de 300 detenciones arbitrarias en movilizaciones en CABA”. Denunció que “la brutalidad represiva de las fuerzas no se investiga” y que “el aparato represivo del Estado se llevó la vida de 1.081 personas en sus dos primeros años en casos de gatillo fácil, femicidios y muerte bajo custodia”.
Por el CELS, Diego Morales planteó que el protocolo anti piquetes “tiene una interpretación distinta a lo que propone el Código Penal” y que “el Ministerio de Seguridad tiene un exceso porque se aparta de las reglas fijadas para la actividad policial”. Señaló que el artículo 4 del protocolo habla de “dispersión”, facultad que la policía no tiene en ningún reglamento, y que la facultad de llevar registro de manifestantes está prohibida por la Ley de Datos Personales.
Ricardo Peidro, de la CTA autónoma, manifestó su preocupación por el “alarmante incremento de la represión en las calles” y brindó datos: “hubo 107 represiones desde la asunción de Milei, 2.648 heridos y 381 detenidos. Comparando un año con otro, aumentó un 48% la cantidad de heridos y un 123% de detenidos”.