El ministro de Seguridad y Justicia del Chubut, Héctor Iturrioz, afirmó que los padres tienen responsabilidad social ante las amenazas ocurridas en establecimientos educativos de la provincia.
El ministro de Seguridad y Justicia del Chubut, Héctor Iturrioz, se refirió este domingo a las amenazas registradas en distintas escuelas de la provincia, en línea con hechos similares a nivel nacional, y remarcó que “hay una responsabilidad social, que involucra a los padres”.
En ese contexto, el ministro sostuvo que “la primera obligación es social” y aclaró que, más allá de las investigaciones ya en marcha, con allanamientos e identificación de jóvenes involucrados, “no podemos dejar todo en manos del Estado”. Iturrioz indicó además que, ante la gravedad de lo sucedido, “hay que entender que los padres también son responsables por las amenazas de los chicos”.
Asimismo, valoró “la importancia de la colaboración de los cuerpos docentes”, que permitió concretar allanamientos con resultados positivos en Gaiman, Esquel, Rawson, Playa Unión y Puerto Madryn, logrando determinar la autoría de amenazas en distintos establecimientos educativos. En concreto, se llevaron a cabo dos allanamientos en Puerto Madryn, dos en Trelew, uno en Gaiman, cuatro en Rawson, uno en Esquel y otro en Epuyén, y se demoró a un menor en Puerto Madryn.
El funcionario provincial insistió en que las pintadas aparecidas en escuelas “no pueden ser tomadas como una broma” y advirtió, tanto a jóvenes como a padres, que “si se incumple la ley, hay consecuencias”. Remarcó que “hay que desterrar la idea de que se amenaza y no pasa nada, más aún cuando se hace referencia al uso de armas o posibles ataques”.
Por último, solicitó “un mayor compromiso de las familias en relación con el uso responsable de las redes sociales” y pidió “un acompañamiento de los padres y familiares directos, sobre todo en el caso de los adolescentes”. El ministro también destacó el trabajo de la Policía del Chubut en distintas localidades, a través de las Divisiones de Investigaciones Policiales (DPI) y en coordinación con el Ministerio Público Fiscal, lo que permitió el secuestro de celulares y otros elementos de interés, así como la identificación de los autores de diversas amenazas detectadas principalmente en baños escolares.