Un proyecto de ley en debate en el Congreso propone modificar los procesos de desalojo y la regulación de la propiedad. La iniciativa busca acortar los plazos judiciales, un cambio que genera opiniones divididas entre propietarios e inquilinos.
La discusión por la llamada «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada» ha puesto nuevamente en agenda uno de los debates más sensibles del mercado inmobiliario argentino: cómo compatibilizar el derecho de los propietarios con la dificultad de acceso a la vivienda. El proyecto, que se analiza en el Congreso, introduce cambios de alto impacto en los procesos de desalojo y en la regulación de la propiedad.
Entre sus puntos más destacados, propone reducir a solo tres días el plazo de intimación por falta de pago y acelerar los tiempos judiciales para la restitución de inmuebles. Esta modificación podría transformar de manera significativa la dinámica entre propietarios e inquilinos. En un contexto económico marcado por la incertidumbre, la iniciativa responde a reclamos históricos del sector inmobiliario, pero también despierta cuestionamientos desde organizaciones de inquilinos y especialistas en derecho.
El corazón de la propuesta radica en acortar los tiempos de resolución de conflictos por alquileres impagos. Actualmente, un proceso de desalojo puede extenderse durante meses o incluso años. La reforma busca establecer un procedimiento más ágil, con un proceso sumarísimo que, según sus impulsores, podría resolver los conflictos en un plazo estimado de entre cuatro y seis meses.
Desde el ámbito jurídico, especialistas como Bibiana Varela Guijarro, de la Cámara de Propietarios de la República Argentina (CAPRA), sostienen que el objetivo central es reforzar la seguridad jurídica y generar condiciones más previsibles para la inversión. Enrique Abatti (h), también directivo de CAPRA, señaló que un juicio de desalojo puede tardar entre uno y tres años, lo que desalienta la oferta de inmuebles en alquiler y eleva los precios. Afirmó que la reducción de plazos es clave para corregir estas distorsiones.
Incluso sin la ley aprobada, algunos actores del sector, como Alejandro Moretti del Colegio Inmobiliario porteño, aseguran que ya se percibe una mayor predisposición de propietarios a ofrecer sus inmuebles en alquiler, anticipándose a un posible cambio normativo.
Sin embargo, la iniciativa genera reparos. La abogada Lucía Otegui advirtió que la reducción de plazos podría tensionar garantías procesales, especialmente cuando los inquilinos enfrentan dificultades económicas. Desde el sector de inquilinos, Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, consideró que el proyecto profundiza un escenario ya complejo, marcado por contratos más cortos y aumentos frecuentes.
El proyecto también introduce modificaciones en el régimen de expropiaciones y en la normativa de tierras rurales, manteniendo límites como el tope del 15% de titularidad extranjera. Su impacto final dependerá de la implementación efectiva y de la interpretación judicial de los nuevos plazos.