A través de una resolución, el Ministerio de Seguridad habilitó al Servicio Penitenciario Federal a instalar tecnología para detectar y anular comunicaciones no autorizadas dentro de los establecimientos.
El Ministerio de Seguridad Nacional avanzó con una medida para reforzar el control en las cárceles federales: autorizó al Servicio Penitenciario Federal (SPF) a implementar sistemas tecnológicos capaces de detectar y bloquear teléfonos celulares utilizados de manera ilegal por personas detenidas.
La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 336/2026, firmada por la ministra Alejandra Monteoliva, y apunta a desarticular uno de los principales canales que utilizan las organizaciones delictivas para continuar operando desde el interior de los establecimientos penitenciarios.
En concreto, la normativa habilita la instalación de dispositivos que permiten identificar y anular señales asociadas a equipos móviles —mediante tecnologías de rastreo de IMEI e IMSI— con el objetivo de impedir comunicaciones no autorizadas dentro de las cárceles.
Desde el Gobierno señalaron que esta herramienta busca cortar la coordinación de maniobras ilícitas, como estafas, extorsiones o delitos organizados, que en muchos casos se planifican desde el encierro a través del uso de celulares.
La medida se enmarca en la legislación vigente sobre ejecución de la pena, que reconoce el derecho de las personas privadas de la libertad a comunicarse, pero establece que esas comunicaciones deben realizarse por canales habilitados y controlados, prohibiendo el uso de teléfonos móviles particulares.
Además, la resolución instruye a la Dirección Nacional de Tecnología de la Información a avanzar con la adquisición, instalación y mantenimiento de los equipos necesarios, así como también a supervisar su funcionamiento en cada unidad penitenciaria.
En paralelo, se dispuso que la implementación contemple ajustes técnicos para evitar interferencias fuera de los establecimientos, de modo que no se vean afectados usuarios en zonas aledañas.
Como parte del esquema, también se aprobó un manual de procedimiento que fija los lineamientos operativos para el uso de esta tecnología, con el objetivo de estandarizar su aplicación en todo el sistema penitenciario federal.
Con esta medida, el Gobierno busca fortalecer los controles intramuros y limitar la capacidad de acción de redes criminales, en un contexto donde el uso ilegal de celulares en cárceles se convirtió en una de las principales preocupaciones en materia de seguridad.