El Superior Tribunal de Chubut definirá la condena por daño ambiental en Punta Tombo

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El máximo tribunal provincial revisará este martes la sentencia de 4 años de prisión contra un ganadero, confirmada en seis instancias, por la destrucción de nidos de pingüinos en un área protegida.

El Superior Tribunal de Justicia de Chubut determinará este martes si confirma definitivamente la condena a 4 años de prisión contra el ganadero Ricardo La Regina. La sentencia, por los delitos de daño ambiental agravado y crueldad animal, fue dictada en 2024 tras una investigación de más de tres años sobre la destrucción de 140 nidos de pingüinos en el Área Natural Protegida Punta Tombo.

La audiencia, convocada para el 21 de abril, será presidida por la fiscal general jefa, Florencia Gómez. El proceso judicial ha sido confirmado en todas sus instancias por seis jueces, quienes avalaron la solidez de las pruebas y la consistencia de la acusación, según informó el Ministerio Público Fiscal.

El caso se originó por intervenciones ilegales en la zona costera protegida, que resultaron en la muerte de más de un centenar de pingüinos y la devastación de su área de nidificación. De acuerdo con la investigación, el imputado utilizó una retroexcavadora para abrir un camino sin autorización, lo que impactó directamente en los nidos durante la época reproductiva. También se le imputa la instalación de un alambre electrificado sin permisos.

Las autoridades calculan que la maquinaria produjo un desmonte de 2.049 metros cuadrados de flora nativa, afectando zonas de difícil recuperación, nidos, huevos y pichones. En los alegatos finales, la fiscal Gómez señaló que hubo un «desprecio total por la biodiversidad del lugar», priorizando un objetivo económico por encima del grave daño ambiental.

La causa es considerada una de las más graves en materia ambiental judicializada en Argentina, destacándose por el uso de herramientas innovadoras como imágenes satelitales de la CONAE para reconstruir los hechos. La decisión del Superior Tribunal no solo resolverá este caso, sino que podría sentar un precedente relevante para la protección penal del ambiente y la fauna silvestre en el país.

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