Un grupo de letrados especializados elevó un pedido formal para agilizar procesos y garantizar una mayor protección de los derechos de niños y niñas en causas judiciales.
Un grupo de abogados especializados en derecho de familia de Comodoro Rivadavia presentó un pedido formal solicitando una revisión del funcionamiento de la Justicia de Familia en la provincia de Chubut. Los profesionales destacaron la necesidad de garantizar procesos más ágiles, objetivos y centrados en la protección integral de la infancia.
La abogada Silvia García, en declaraciones a un medio local, explicó que el planteo surge de su especialización y de desacuerdos con el funcionamiento actual de los registros y criterios de intervención judicial. «Somos un grupo de abogados que, en su gran mayoría, somos todos especialistas en familia; lo cual hay una ley, que es la ley 443, que establece un registro de abogados del niño del cual nunca los juzgados de familia nos participan porque tenemos criterios diferentes», señaló.
García remarcó diferencias con otros organismos y la necesidad de una revisión estructural, exigiendo que sea «objetiva y seria». Asimismo, advirtió sobre presuntas fallas en la protección de derechos de niños y niñas en procesos judiciales, señalando que «los niños son muy vulnerables y requieren una protección de la justicia en la cual ahora no estamos viendo que así sea».
Los abogados pidieron la intervención de distintos organismos provinciales, instando a la Legislatura de Chubut a tomar medidas y al Consejo de la Magistratura a intervenir. «Si hay responsables, los responsables tienen que responder por sus actuaciones», sostuvo García.
En otro tramo, remarcó la importancia de la intervención profesional en causas de menores, afirmando que «no podemos permitir que, cuando se trata de menores, la improvisación sea una opción». La letrada también marcó diferencias con un comunicado emitido por el Colegio de Abogados y defendió el sistema de registro de abogados del niño, cuestionando que los jueces designen directamente a los defensores, excluyendo a los profesionales de dicho registro a pesar de cumplir con la capacitación anual exigida por ley.
Además, cuestionó la falta de escucha directa a los menores en algunos expedientes, ejemplificando con casos propios. Por último, advirtió sobre limitaciones estructurales en los juzgados, señalando que el personal «no es amplio ni suficiente».