Un documento de la Secretaría de Mujer, Género, Juventud y Diversidad de agosto de 2025 detalló situaciones de violencia y alto riesgo en el entorno del niño de 4 años. El caso reaviva el debate sobre las decisiones judiciales de tenencia.
Mientras la Justicia penal investiga las lesiones que provocaron la muerte de Ángel, de 4 años, y mantiene abierta la hipótesis de homicidio, el debate público se centra en la decisión judicial que otorgó su tenencia a la madre. El padre del menor afirma que sus advertencias no fueron escuchadas, mientras que la madre sostiene que se revinculó con su hijo al conocer las situaciones de violencia que atravesaba.
Como adelantó ADNSUR, Lorena Andrade, pareja del padre del niño, radicó una denuncia contra él a mediados del año pasado, afirmando que tanto ella como Ángel sufrían violencia. Un informe de la Secretaría de Mujer, Género, Juventud y Diversidad de agosto de 2025, al que tuvo acceso este medio, describe la situación de vulnerabilidad que afrontaban ambos.
El documento señala que el vínculo de pareja estuvo signado «desde sus inicios por situaciones de violencia psicológica, ambiental, económica, física, agravadas por el consumo problemático» del padre. Calificó las situaciones de violencia física como de «riesgo alto» y destacó el gran impacto subjetivo de la violencia psicológica en Lorena Andrade.
Según el informe, los episodios de violencia y maltrato ocurrían semanalmente y afectaban no solo a Lorena y al niño, sino también a «redes familiares y amistades cercanas». Detalló un último ataque denunciado con «golpes de puño hacia Lorena, rotura del televisor y destrozo del celular de la referida, sumado a agresiones verbales, insultos, descalificaciones y agresiones físicas a familiares presentes».
Ante este panorama, el organismo municipal resolvió brindar «espacios de escucha activa» y acompañamiento. Además, se detalló que Lorena recibiría asesoramiento para, «según desea, solicitar la tenencia definitiva del niño Ángel» ante la Defensa Pública.
Por último, el informe planteó la solicitud del Decreto 932, una herramienta para facilitar una suma de dinero que pudiera invertir en un microemprendimiento de venta de indumentaria infantil, con el objetivo de desarrollar «un proyecto autónomo y libre de violencia».