El gobierno de Estados Unidos tomó posición en el juicio por la expropiación de YPF y solicitó formalmente que no se sancione a la Argentina ni se la declare en desacato.
Lo hizo a través de una presentación ante la jueza Loretta Preska, quien lleva adelante el expediente en Nueva York. El planteo se da en medio de una disputa judicial multimillonaria que ya derivó en una condena de fondo y varias apelaciones en curso.
En su presentación, el Departamento de Justicia estadounidense sostuvo que este tipo de litigios contra Estados extranjeros pueden tener consecuencias que exceden lo estrictamente judicial. Según advirtió, “El litigio en tribunales de los Estados Unidos contra Estados extranjeros puede tener importantes implicancias en materia de política exterior para los Estados Unidos y afectar el trato recíproco que reciba el gobierno estadounidense ante los tribunales de otras naciones”.
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En su presentación, el Departamento de Justicia estadounidense sostuvo que este tipo de litigios contra Estados extranjeros pueden tener consecuencias que exceden lo estrictamente judicial
AP-Patrick Semansky
El argumento apunta a la reciprocidad: si los tribunales estadounidenses habilitan medidas consideradas excesivas contra otro país, esa decisión podría influir en el modo en que Estados Unidos sea tratado ante cortes extranjeras.
Uno de los ejes de la controversia es la etapa de discovery, el proceso mediante el cual se solicitan documentos e información. El gobierno norteamericano observó que algunos de los requerimientos dirigidos a la Argentina incluían comunicaciones de altos funcionarios, lo que, a su criterio, excede los parámetros habituales en litigios contra Estados soberanos. En ese sentido, el documento señala que esos pedidos “resultan incompatibles con las consideraciones de cortesía y reciprocidad que surgen en litigios contra Estados soberanos”.
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El planteo se da en medio de una disputa judicial multimillonaria que ya derivó en una condena de fondo y varias apelaciones en curso
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Además, los demandantes reclamaron que se aplicaran “sanciones de preclusión”, “inferencias adversas” y “sanciones pecuniarias por desacato”. Frente a ello, el Departamento de Justicia sostuvo que esa solicitud “no se ajusta a los principios de cortesía internacional y reciprocidad ni a la FSIA y debe ser rechazada”, en referencia a la ley estadounidense que regula las demandas contra Estados extranjeros.
Desde la Procuración del Tesoro de la Nación destacaron el respaldo recibido y afirmaron: “Este respaldo pone de relieve la solidez técnica y jurídica de las presentaciones efectuadas por el Estado argentino”. También remarcaron que “Durante más de dos años, la Argentina cumplió de buena fe con el proceso de discovery” y que se entregaron “más de 115.000 páginas”. Según el Gobierno, pese a ese volumen de documentación, “los demandantes no lograron encontrar evidencia que respaldara sus acusaciones”.
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“Este respaldo pone de relieve la solidez técnica y jurídica de las presentaciones efectuadas por el Estado argentino”, señalaron desde la Procuración del Tesoro de la Nación
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En paralelo, el país solicitó suspender el discovery, pero la jueza rechazó el planteo. La Argentina apeló esa decisión ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, donde también tramita la revisión de la sentencia principal que impuso una condena por US$16.000 millones, además de otras dos apelaciones vinculadas a la entrega de acciones de YPF y al propio proceso de producción de pruebas.
Con el respaldo formal de Estados Unidos en esta etapa procesal, el caso suma un componente diplomático a un conflicto judicial que todavía está lejos de resolverse y que mantiene en vilo a la Argentina en uno de los litigios más costosos de su historia reciente.
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Con información de Noticias Argentinas y TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR
