La industria de pymes proveedoras de servicios y productos para el sector energético atraviesa una fase crítica. Según un relevamiento del Grupo Argentino de Proveedores Petroleros (GAPP), más del 65% de las firmas opera con al menos un 25% de capacidad ociosa y el 31% ya registró despidos durante el cuarto trimestre de 2025. El dato contrasta con los récords de producción de petróleo y gas de Vaca Muerta, y pone en evidencia las tensiones internas del modelo energético actual.
La preocupación se intensificó tras la licitación de tubos para el gasoducto de Southern Energy, que fue adjudicada a la empresa india Welspun en detrimento de Tenaris, el único productor local de ese insumo. La decisión fue defendida por el Gobierno con el argumento de optimizar costos, pero encendió señales de alarma en la industria nacional.
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“Mientras los proyectos energéticos cuentan con soporte e incentivos, la industria local no es acompañada ni desde la macro ni desde la microeconomía”, señaló Leonardo Brkusic, director ejecutivo del GAPP, que agrupa a más de 250 empresas nacionales de los sectores de Oil & Gas, minería y generación eléctrica.
Según la entidad, el contexto actual no solo se explica por el reemplazo de proveedores locales por firmas extranjeras, sino también por la escasa recuperación de la perforación y construcción de facilidades, y la contracción del segmento convencional. “Esto configura un valle de actividad que genera alta capacidad ociosa y pérdida de empleo”, resumió Brkusic.
El 70% de las empresas también canceló o demoró ingresos de personal previstos, y el acceso al crédito productivo sigue siendo inviable por los altos costos financieros.
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Competencia desigual
“El RIGI crea una cancha inclinada. Si se habilita su aplicación en el upstream sin condiciones claras, las pymes quedamos en una situación de desventaja estructural”, advirtieron desde el sector.
Ilustrativa
Uno de los ejes más críticos que señalan las pymes es la implementación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que si bien promueve obras clave como el GNL o el Oleoducto Vaca Muerta Sur, habilita importaciones con exenciones impositivas que no contemplan los costos estructurales de la producción nacional.
“El RIGI crea una cancha inclinada. Si se habilita su aplicación en el upstream sin condiciones claras, las pymes quedamos en una situación de desventaja estructural”, advirtieron desde el sector. La compra de tubos a India o válvulas a China, sin mecanismos de compensación, consolidaría —según sostienen— un proceso de sustitución de proveedores locales por fabricantes de países con subsidios industriales.
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Brkusic también planteó que la competencia centrada en el precio ignora las condiciones técnicas y el soporte posterior. “Los proveedores asiáticos entran con ofertas más bajas, pero luego las pymes argentinas terminan haciéndose cargo del soporte técnico y operativo, sin haber sido contratadas inicialmente”, indicó.
Política industrial para el sector energético
Desde el GAPP y otras cámaras industriales piden al Gobierno que impulse una política industrial para el sector energético, similar al marco de incentivos que tienen los grandes proyectos. Según la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA), la utilización de capacidad instalada en el sector metalúrgico se encuentra en mínimos históricos.
“El sector proveedor de Oil & Gas genera más de 200.000 empleos directos en todo el país, más que las propias petroleras”, remarcó Brkusic. Y concluyó: “La energía puede ser una palanca de desarrollo, pero sin política industrial, el crecimiento quedará concentrado en pocos actores y el empleo industrial continuará deteriorándose”.
