La magnitud del incendio en el Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut, alcanzó niveles catastróficos, afectando una superficie que supera las 45 mil hectáreas de vegetación nativa, incluyendo especies milenarias y un ecosistema de valor incalculable. Sin embargo, lo que inicialmente se analizó bajo la lupa de las condiciones climáticas o la intencionalidad del inicio del fuego, sumó ahora un componente de escándalo institucional que ya está en manos de la Justicia.
La Asociación de Pobladores Rurales de la Reserva del Parque Nacional Los Alerces formalizó una denuncia penal contra la cúpula operativa del área. El argumento central de la entidad es que la respuesta inicial frente a los primeros focos ígneos fue deliberadamente ineficiente o, al menos, gravemente negligente debido a las tensiones internas que mantienen quienes deben liderar el operativo de emergencia.
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Juan Zuoza, presidente de la asociación, fue contundente al señalar que el avance de las llamas se vio favorecido por la falta de una activación oportuna y técnica de los recursos humanos y materiales que estaban a disposición. Según la denuncia, existía la posibilidad de realizar un «ataque temprano» que hubiera limitado el siniestro a un área mucho menor, pero las decisiones administrativas tomadas en las primeras horas fueron, a su criterio, erróneas.
La relación que habría paralizado el operativo
La Nación
El punto más polémico de la presentación judicial radica en la supuesta vinculación de la inacción con un problema de índole personal. Zuoza manifestó que el Jefe de la Brigada de Incendios y la Jefa de Guardaparques mantuvieron una relación sentimental en el pasado que no terminó en buenos términos, y que esa falta de diálogo e interacción profesional habría derivado en una desconexión fatal para la estrategia de combate del fuego.
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«Como no tienen una buena relación, no prestan colaboración entre las áreas. Eso llevó a que un cuerpo de guardaparques que estaban preparados para combatir el incendio no fueran convocados en el ataque inicial», afirmó Zuoza en declaraciones públicas. De acuerdo con este relato, la hostilidad entre ambos funcionarios habría impedido la articulación fluida que requiere un protocolo de incendios forestales, donde cada minuto es determinante para el control de los focos.
La denuncia penal remarca que las áreas de Incendios (ICE) y Guardaparques deben funcionar como una unidad coordinada bajo una cadena de mando clara. No obstante, la presentación sugiere que se priorizaron las diferencias personales por sobre la responsabilidad pública, lo que habría provocado demoras clave cuando el incendio aún era manejable.
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Consecuencias legales y administrativas
La denuncia solicita que la Justicia investigue si existió el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negligencia grave. Los pobladores rurales sostienen que la falta de coordinación no fue un error táctico aislado, sino una consecuencia directa de la «tensión interna» que se vive en la administración del Parque Nacional.
El impacto del incendio es visible en la pérdida de biodiversidad, la muerte de fauna autóctona y el daño a las propiedades de los pobladores que habitan la reserva. Para la Asociación de Pobladores, el daño ambiental es irreparable y la responsabilidad recae sobre aquellos que, teniendo el mandato de proteger el área, habrían omitido acciones básicas de defensa forestal por motivos ajenos al servicio.
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La investigación deberá determinar ahora las responsabilidades de los jefes señalados y si efectivamente se omitió convocar a brigadistas y guardaparques disponibles durante las horas críticas del inicio del fuego. Mientras tanto, el foco ígneo continúa siendo una preocupación para la región cordillerana, que observa con alarma cómo un conflicto de convivencia interna puede haber sentenciado a miles de hectáreas de bosque protegido.
El escenario actual en Los Alerces
Hasta el momento, las autoridades de Parques Nacionales no emitieron un descargo oficial detallado sobre la situación personal de sus jefes de área, aunque el clima interno en la institución es de máxima tensión. El operativo de combate continúa con el apoyo de medios aéreos y brigadistas de distintas provincias, pero la sombra de la duda sobre el manejo inicial ya está instalada en la sociedad civil.
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La justicia federal deberá ahora requerir los libros de guardia, las comunicaciones por radio y los registros de personal para contrastar la versión de los pobladores con la realidad de los movimientos realizados durante el comienzo de la emergencia. De comprobarse los hechos denunciados, la causa podría derivar en desplazamientos de cargos y condenas penales por el perjuicio ocasionado al patrimonio natural de la Nación.