En noviembre del 2025, el gobierno de Javier Milei decidió pasar la Dirección Nacional de Migraciones desde el Ministerio del Interior, hacia el Ministerio de Seguridad.
Ahora la ministra Alejandra Monteoliva (reemplazo de Bullrich), creará un área autónoma llamada Agencia de Seguridad Migratoria. Ya el gesto ministerial anticipa la decisión de criminalizar a las personas migrantes como política de Estado. El ex-intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, estaría al mando de este experimento.
Sea cual sea su origen, los inmigrantes que viven en Argentina, en su aplastante mayoría, aportan a la sociedad con su trabajo, con sus conocimientos, pagan impuestos, igual que cualquier laburante. ¿En qué cabeza cabe que los asuntos migratorios sean un problema de seguridad nacional?
En una mente de corte trumpista. Es la «batalla cultural» de las derechas xenófobas que en todo el mundo inventan enemigos internos. A la vez que exacerban los nacionalismos, en post de su demente carrera belicista.
Lo llamativo es el paralelismo con el ICE estadounidense: un grupo paramilitar, creado por el propio Donald Trump y reclutado entre sus adeptos, para perseguir migrantes y aterrorizar a las comunidades. Tras cometer varios crímenes, han generado tanto repudio en estados como Minnesota, con huelgas y movilizaciones masivas, que el gobierno de Estados Unidos evalúa retirar a este cuerpo de elite de ese territorio.
La comparación es a modo de farsa. Quién sabe si en los sueños húmedos de la extrema derecha argentina también esté el tener un grupo de choque propio, financiado por el Estado. Pero Milei no tiene la fuerza para replicar la política de Donald Trump, ni siquiera Trump parece tenerla, con la retirada que preparan del ICE.
Esto no aplaca la gravedad de la operación ideológica que encara el gobierno de Milei, usando el poder del Estado para avivar la xenofobia, el racismo, la criminalización de los migrantes.
Aún no se ha creado la Agencia de Seguridad Migratoria, pero hace pocos días la Policía Federal desplegó un operativo de control migratorio en Villa Celina, localidad de La Matanza. Registraron casi 400 ciudadanos extranjeros e intimaron a unas pocas personas a regularizar su situación, caso contrario serían «expulsadas del país».
Por el momento, parece otra gastadera de dinero de público para armar un show reaccionario e intimidatorio. No existe un ICE argentino. Pero sin dudas, estas políticas son repudiables, pues no tienen otro sentido que cosechar sentidos comunes de odio y desconfianza dentro de un pueblo trabajador que es diverso en sus orígenes, ahora y desde siempre en la historia moderna argentina.
A la vez, darle más poder a las fuerzas policiales para estigmatizar y perseguir a las juventudes y trabajadores en los barrios, ahora con la excusa del control migratorio.
Seguramente a los inmigrantes del Grupo Benetton, que tienen 900 mil hectáreas (llamativamente ignífugas) en la Patagonia, nadie vaya a controlarle los papeles, ni a cobrarle impuestos. Lo mismo con el británico Joe Lewis, que tiene unas 40 mil hectáreas también al sur.
La criminalización a los migrantes, tiene una condición de clase.
Es un gobierno que se entrega a los intereses geopolíticos y comerciales de los Estados Unidos, que sostiene la ocupación de tierras por parte de extranjeros multimillonarios. A la vez que ha decidido tratar a los laburantes extranjeros, antes que nada, con el prejuicio de ser un asunto de seguridad nacional.