La justicia argentina dispuso la extradición de cinco bolsonaristas condenados en Brasil por el intento de golpe de Estado contra Lula da Silva en 2023, quienes se fugaron y se habían refugiado en la Argentina.
La decisión fue del juez federal Daniel Rafecas, tras un juicio de extradición seguido contra los condenados por la Corte Suprema de Justicia de Brasil y que fueron detenidos cuando buscaban esconderse en Argentina.
El juicio, que se realizó en los tribunales de Comodoro Py, fue a raíz de haber participado en el intento de golpe de Estado ocurrido en Brasilia en enero de 2023, luego de que el actual presidente Lula Da Silva ganó las elecciones.
El fallo es apelable directamente ante la Corte Suprema de la Nación.
La decisión del juez Rafecas alcanzó a Joelton Gusmao de Olveira, Joel Borges Correa, Rodrigo de Freitas Moro, Wellington Firmino y Ana Paula de Souza.
Los detendios fueron condenados a penas de entre 13 y 17 años de prisión.
Todos ellos iniciaron en su momento el trámite de refugiados en Argentina, que no fue resuelto. Este hecho no impide que avance el proceso judicial hasta su finalización.
El asunto tiene sus ribetes políticos, pues la extradición es una decisión de la justicia, pero otorgarles la condición de refugiados políticos es una decisión del Gobierno, lo que impediría su extradición .
Las fuerzas de seguridad detuvieron a cinco de los 61 bolsonaristas con orden de captura.
La Corte brasileña consideró que Bolsonaro encabezó una “organización criminal” y que el expresidente impulsó movimientos hasta en los cuarteles, además de la intentona a los palacios de los tres poderes en Brasilia.
El fiscal Carlos Rívolo se opuso a otorgarle la libertad a Borges Correa y Gusmán de Oliveira, Rafecas le dió la razón y ahora la decisión fue confirmado por la Casación.
Borges Correa, fue condenado a una suma de doce años de prisión por los delitos de abolición violenta del estado democrático de derecho; golpe de Estado; daño agravado y asociación delictiva armada.
Gusmán de Oliveira recibió una pena aún mayor, 17 años, por abolición violenta del estado democrático, golpe de estado, daño agravado, asociación criminal armada y deterioro del patrimonio catalogado.
La condena fue dictada por el juez de la Corte de Brasil, Alexandre de Moraes.