Luego de un allanamiento en dos campos ubicados en la localidad de Pozo Borrado, al norte de la provincia de Santa Fe, fueron rescatados 31 trabajadores rurales en condiciones de hacinamiento. De acuerdo a la investigación, las víctimas vivían en campamentos improvisados con bolsas de nailon, sin agua potable ni baños y con jornadas de trabajo de diez horas de lunes a lunes, por lo que indagan una posible trata laboral.
En el marco de la investigación llevada a cabo por la Sede Fiscal Descentralizada Rafaela, a cargo del fiscal federal Gustavo Onel, dos personas fueron identificadas y quedaron vinculados a la investigación, ante la presunta comisión del delito de trata de personas con fines de explotación laboral. Además, se ordenó el secuestro de teléfonos celulares y de un cuaderno con anotaciones.
El caso se inició el pasado 4 de septiembre, cuando el personal de Coordinación Contra el Trabajo Ilegal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), notificó al fiscal federal la existencia de un campo de establecimiento identificado como “Santa Ana”.
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En un procedimiento entre el ARCA y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) se identificaron 15 personas que realizaban tareas de desmalezamiento, entre ellos dos menores de 17 años. Más adelante, se comprobó que vivían en condiciones de precariedad absoluta y dormían en el suelo sobre mantas o colchones.
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Al ser rescatados, los trabajadores explicaron que eran originarios de la localidad de Los Juríes, en la provincia de Santiago del Estero. Contaron también que cumplían jornadas laborales de 8 a 18, de lunes a lunes y con salarios de 300 mil pesos por quincena, al cual se les descontaba el valor de la comida.
Las víctimas no tenían posibilidad de retirarse del lugar, ya que no contaban con medios de comunicación, otros estaban indocumentados y algunos eran analfabetos, aspectos que dejaron en evidencia su estado de vulnerabilidad social.
Personal del ARCA se trasladó a un campo lindero, identificado como “La Revancha e Isabelliana S.A.”, donde detectó a otro grupo de cinco trabajadores en las mismas condiciones laborales, que residían en tolderías precarias con improvisadas carpas, en condiciones calificadas como “deplorables” por los funcionarios.
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Frente a esa situación, desde la Sede Fiscal Descentralizada de Rafaela, el fiscal Onel y los auxiliares fiscales Federico Grimm y Pablo Micheletti, solicitaron al juez de Garantías de Rosario, Eduardo Rodríguez Da Cruz, profundizar con la investigación. En consecuencia, entre el jueves y el viernes pasado lograron rescatar a 31 personas alojadas en estos campamentos.
Los nuevos allanamientos contaron la participación de la Agencia Trata de Personas de la Policia de Investigaciones (PDI) de Santa Fe. Al mismo tiempo se dio intervención a la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Provincia de Santa Fe que, junto a la Municipalidad de la localidad de Tostado, articularon medidas urgentes de contención a las víctimas, para garantizarles alojamiento y alimentación.
También se dio intervención al Programa de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación, el que proporcionó colaboración para realizar entrevistas a los trabajadores precarizados. En esta ocasión participó la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo del fiscal general Marcelo Colombo y de la fiscal federal Alejandra Mángano.
BGD/ML