El Gobierno anunció la designación de Miguel Romero como presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La decisión se conoció días después de que el Congreso rechazara la reestructuración del organismo impulsada por el Ejecutivo.
Romero es abogado y docente en la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con posgrados en materia de Defensa del Consumidor Constitucional y antecedentes en gestión pública. Fue director del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC) y se desempeñó como asesor en la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía.
En el comunicado oficial, el Ejecutivo señaló que la designación busca “ordenar y mejorar la administración del INTI para que recupere su rol como impulsor del desarrollo tecnológico de la industria”. La Casa Rosada confirmó también la renuncia de Daniel Afione, presidente saliente del organismo, a quien se le agradeció por la tarea realizada durante su gestión.
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El cambio de autoridades se da en un contexto político marcado por el rechazo en ambas cámaras del Congreso a los decretos delegados que proponían cambios en distintos organismos estatales. Entre ellos figuraban el Banco Nacional de Datos Genéticos, Vialidad Nacional, la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo, además de modificaciones profundas en el INTI y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
En el Senado, la oposición cuestionó la iniciativa oficial. El legislador peronista Pablo Bensusán advirtió que “el INTA y el INTI son estructuras que sostienen años de trabajo en ciencia y tecnología”. Para el senador, “destruirlas es destruir el desarrollo alcanzado” y aunque reconoció la necesidad de una mayor eficiencia, planteó que esto no debía implicar “hacerlos desaparecer”.
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Durante su intervención, Bensusán ejemplificó que si organismos como el INTA no existieran, los productores dependerían de multinacionales para adquirir semillas y tecnologías agropecuarias, lo que, según dijo, pondría en riesgo la producción regional y afectaría la competitividad del sector.
Finalmente, con el rechazo de las dos cámaras, quedó oficializada la anulación de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y de cuatro decretos delegados que habían sido emitidos por el Poder Ejecutivo antes de que venciera el plazo de vigencia de las facultades otorgadas por el Congreso.