La Corte Suprema de Iránha confirmado la sentencia de muerte contra Sharifeh Mohammadi, una activista por los derechos de las mujeres y laborales de 45 años, además de ser madre de un niño de doce años. La decisión ha generado una fuerte reacción nacional e internacional, al considerarse un caso emblemático de represión contra defensores de los derechos humanos en Irán.
Mohammadi fue arrestada el 5 de diciembre de 2023 en su hogar en la ciudad de Rasht por agentes del régimen iraní. Desde entonces, ha sido mantenida en confinamiento solitario y, según reportes, ha sido víctima de torturas físicas y psicológicas con el objetivo de forzar una confesión. Las autoridades iraníes la acusaron de »rebelión armada», un cargo que su familia y diversas organizaciones laborales han negado categóricamente.
El 4 de julio de 2024, el Tribunal Revolucionario de Rasht la condenó a muerte por esos cargos. Sin embargo, el 12 de octubre de 2024, la Corte Suprema iraní (Sección 39) anuló esa sentencia, citando falta de pruebas, ausencia de vínculos con actividades armadas y graves irregularidades judiciales. La comunidad internacional celebró entonces lo que parecía una victoria parcial de la justicia.
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Pero esa esperanza se desvaneció rápidamente. El 13 de febrero de 2025, el caso fue devuelto al Tribunal Revolucionario de Rasht, donde el juez Mohammad Ali Darvish Goftar, hijo del magistrado original que dictó la primera condena, volvió a sentenciarla a pena de muerte, ignorando las deficiencias señaladas previamente por la Corte Suprema.
Finalmente, el pasado domingo, la misma Corte Suprema, esta vez en una decisión final, ratificó la nueva sentencia, sin responder a las preocupaciones legales previamente planteadas.
Esta ejecución pendiente ha desatado protestas tanto dentro como fuera del país. 85 prisioneros en la notoria prisión de Evin están en huelga de hambre en apoyo a Mohammadi.
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A inicios de agosto, 31 organizaciones internacionales y regionales de derechos humanos y derechos de las mujeres emitieron una declaración conjunta condenando la sentencia.
En su comunicado, afirmaron que Mohammadi es una defensora de los derechos humanos que trabajó de forma legal y pacífica por los derechos laborales a través de una organización registrada, y que ha sido condenada por una causa »fabricada».