Cuando Edgardo Kueider sea extraditado a la Argentina desde Paraguay dentro de unos meses irá directamente a cumplir prisión preventiva en una cárcel, según decidió la Cámara de Apelaciones de San Martín en la causa Securitas, luego de confirmar la mayoría de los procesamientos y arrestos del entorno del ex Senador K.
Kueider y su secretaria Iara Guinsel, quienes estaban con prisión preventiva domiciliaria en un country de Asunción por el intento de ingresar más de 200 mil dólares de contrabando en otra causa, fueron detenidos este martes por la Policía Nacional del Paraguaya por el pedido de extradición de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.
El juez Rolando Duarte, que así dio por iniciado el proceso de extradición, convocó hoy a una llamada «audiencia identificatoria» para que los detenidos comunique si aceptan un trámite de extradición simplificado y así iban a ser enviados a la Argentina en forma inmediata. Pero lo rechazaron y se abrirá un proceso de extradición formal se tardará varios meses. Entre Argentina y Paraguay hay un tratado de extradición vigente.
El rechazo del ex senador de Unión por la Patria está relacionado con el hecho de que en cuanto pise la Argentina irá directamente a la cárcel y la posibilidad de ser condenado a una pena de entre 3 años como mínimo y 10 como máximo, más accesorias.
Kueider está acusado en el expediente caratulado Energía de Entre Ríos SA (ENERSA) de la causa madre Securitas en Argentina por el delito de lavado de activos, doblemente agravado por haber sido cometido con habitualidad, como miembros de una asociación ilícita que habrían cometido el hecho en ejercicio de su rol de ex funcionarios entrerriano o senador nacional.
Si es encontrado culpable en la Argentina sufriría una condena de entre de 3 a 10 años de cárcel. Con el agravante de que la habitualidad o integración en asociación o banda eleva la condena mínima en un 50 % y la máxima en un 33 %, estimaron fuentes judiciales.
El juez Duarte dijo al diario ABC Color que consultará a la fiscal Matilde Moreno y a la defensa para decidir si Kueider y su secretaria sigue con prisión domiciliaria o van a una cárcel común mientras dure el proceso.
En marzo de este año, como reveló Clarín, se secuestraron videos en que se ve a Kueider transportando dinero en efectivo entre el 2018 y 2019 en su oficina en Paraná cuando era secretario general de la gobernación de Entre Ríos, durante la administración del gobernador K Gustavo Bordet y controlaba a ENERSA, cuya seguridad estaba a cargo de Securitas.
El rechazo al pedido de eximición de prisión de Kueider cuando llegue a la Argentina lo firmaron antes de la feria judicial los jueces de la Cámara Federal de San Martín Marcelo Dario Fernandez, Juan Pablo Salas, y Marcos Moran.
En su fallo, al que accedió Clarín, ese tribunal recordó entre por lo menos el 2014 y el 2024, Kueider montó una red de empresas fantasma y testaferros en Argentina para ocultar unos 200 mil dólares en departamentos y autos. El eje de esas maniobras fue la empresa fantasma BETAIL.
El fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez reveló esa red de firmas sin existencia real en el pedido de detención de colaboradores y testaferros de Kueider que se concretó. El fiscal acusa a Kueider de haber recibido coimas de parte de los hermanos Tortul –cuando dirigían la firma de seguridad privada Securitas- a cambio del contrato por el control de la empresa energética provincia ENERSA.
“La maniobra se concretó mediante sucesivas operaciones inmobiliarias, realizadas entre el 24 de marzo de 2021 y el 9 de agosto de 2023, por la suma de, al menos, $41.149.659,28 (US$ 152.106 a la época de la cancelación de los pagos) de procedencia ilícita, mediante las cuales se adquirieron a la desarrolladora inmobiliaria CADUS SAS las unidades funcionales nros. 12, 14, 46, 47 y 72 del edificio sito en la calle Santiago del Estero n° 511, Paraná, Provincia de Entre Ríos”, señaló la cámara.
Otra maniobra “se concretó con fecha 17 de agosto de 2021, oportunidad en la que Kueider adquirió, mediante $5.705.956 (US$ 31.180 a esa fecha) de origen espurio, la camioneta Chevrolet Trailblazer dominio AE797OJ, a la agencia de autos RUDAS, con la intervención de la concesionaria HCH S.A, a través de la persona interpuesta de Rodolfo Daniel Gonzalez, con la colaboración del contador José Carlos Nogueras”.
La Cámara de San Martín recordó que el avance de la investigación y la detención del nombrado en el contexto de los hechos que son de público conocimiento, motorizó distintas diligencias probatorias que involucraron allanamientos, secuestros de documentación y detenciones de José Carlos Nogueras, Gabriela Patricia Saint Pierre, Ernesto Javier Rubel, Rodolfo Daniel González, Adriana Cecilia Crucitta, Ezequiel Gustavo Bovetti y Rita Soledad Machuca, como en relación a las personas jurídicas “Nopor Service SA”, “LECTUS SA”, “VÍA SNP LOGÍSTICA SA”, “FELSIR BIOTECNOLOGÍA SRL” y “Vijusa Industrial Argentina SA”.
Al analizar las apelaciones, la cámara decidió el 17 de julio declarar erróneamente concedidos los recursos de apelación interpuestos por las defensas del entorno de Kueider integrado por Rodolfo Daniel González, Adriana Cecilia Crucitta, Ezequiel Gustavo Bovetti, José Carlos Nogueras, Gabriela Saint Pierre, Ernesto Rubel y Rita Soledad Machuca, respecto del dictado de la prisión preventiva.
Además, confirmó los procesamientos de José Carlos Nogueras, Ernesto Javier Rubel, Rodolfo Daniel González, Adriana Cecilia Crucitta y Gabriela Patricia Saint Pierre, y fijan los embargos de todos ellos, a excepción del dispuesto respecto de Crucitta.
Luego revocó, dispuso la falta de mérito y excarcelación de Ezequiel Gustavo Bovetti y la de Rita Soledad Machuca. Ambos quedaron libres.
En mayo pasado, la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces doctor Mariano Borinsky -Presidente- y Javier Carbajo –vocal- no hizo lugar al recurso de queja presentado por la defensa de Marcelo Segarra, Esteban Arcapalo y Segar Seguridad S.A. contra la resolución de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín que confirmó la decisión de Arroyo Salgado no hizo lugar a la excepción de falta de jurisdicción y competencia en el marco del “caso ENERSA”.
Securitas, de origen sueco, en el año 2019 hizo una autodenuncia al cambiar de gestión ejecutiva en la Argentina y descubrir que había millones de dólares salientes de la compañía de forma irregular. Esos pagos se habrían realizado, como coimas, a funcionarios de decenas de dependencias nacionales y provinciales para asegurar que la empresa se quede con los contratos de seguridad privada de organismos y edificios públicos en todo el país.
En dicha autodenuncia la a empresa de seguridad privada Securitas admitió ante la Justicia que pagó millonarias coimas a representantes de organismos públicos como la compañía Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), el Registro Nacional de las Personas (Renaper), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) y Energía de Entre Ríos SA (Enersa), entre otros para no perder los contratos y para cobrar servicios adeudados. Incluso habrían pagado para que se agilicen trámites de tenencias de armas de sus vigiladores y para que les avisen de eventuales inspecciones.
Por su parte, Kueider dijo al diario La Nación que los más de 200 mil dólares no eran suyos sino de «inversionistas» de su secretaria que no identificó. La jueza Arroyo Salgado «está buscando por todos los medios vincularme la causa Securitas que no tengo nada que ver. Quedó comprobado que nunca fui director de Enersa. Estaba solamente en la asamblea ordinaria, no lo representaba en la vida cotidiana al estado provincial ante simplemente tenía mandato para ir a la asamblea anual ordinaria. También me vinculan a un supuesto chat en donde (el empresario Claudio) Tórtul dice el “turco Cuaider”. Hay errores de ortografía, no importa, pero a ver si yo soy la contraparte de un negocio tan millonario, no te conozco, no sé ni cómo se escribe tu apellido. Yo ya era 2 años. Yo soy yo ese turco. Hay un error allí».