El fiscal federal Ramiro González, responsable de la investigación en la causa por violencia de género contra Alberto Fernández, considera que están dadas las condiciones para avanzar hacia el juicio oral. Previo a ello, pidió la opinión de la querella y de la abogada del ex Presidente.
El expresidente está procesado por dos hechos de lesiones leves y un hecho de lesiones graves, doblemente agravados por el vínculo, abuso de poder y autoridad, y amenazas coactivas.
Las acusaciones atribuidas en el procesamiento firmado por el juez Julián Ercolini y que la Cámara Federal porteña confirmó en abril de este año, constituyen tres delitos que concursados representan una pena de 3 a 18 años de prisión.
En este expediente se dio por corroborado que en un “contexto de violencia de género signado por la particular relación asimétrica de poder entre Alberto Ángel Fernández y Fabiola Andrea Yañez, por lo menos desde el año 2016 hasta el 6 de agosto del 2024, el imputado se habría aprovechado de la especial situación de vulnerabilidad preexistente al vínculo en la que se encontraba inmersa la nombrada”.
Fue en ese marco que se acusó al ex Presidente de haber “ejercido con habitualidad y de modo continuo, violencia psicológica contra Yañez, bajo las formas de acoso, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad”.
Ante el cuadro probatorio que sustenta las acusaciones que pesan sobre el ex presidente de la Nación, el fiscal González, quien tuvo delegada la investigación, consideró que es momento de dar por clausurada la instrucción y avanzar hacia el juicio oral.
Bajo esa convicción, el representante del Ministerio Público Fiscal pidió la opinión a las partes: la abogada Silvina Carreira y la querella a cargo de la letrada Mariana Gallego.
En el dictamen al que accedió Clarín, el fiscal indicó que durante el trámite de la instrucción se “produjeron las medidas de prueba pertinentes a los efectos de corroborar o descartar las hipótesis delictivas”.
La fiscalía entiende que fueron llevadas a cabo las diligencias propuestas tanto por la defensa como por la querella, “tendientes a verificar o descartar los hechos denunciados o algunas aristas de los mismos».
En cambio, fueron descartadas las “inconducentes y todas aquellas dirigidas a dilucidar cuestiones que no se encuentran controvertidas en autos o que puedan ser realizadas en una posterior etapa del proceso”.
En particular, no se hizo lugar a diversos testimonios sugeridos por la defensa. Al respecto, se explicó, “no resulta plausible convocar a todos aquellos que conocen a la expareja presidencial y no vieron agresiones de Fernández contra Yáñez”.
En ese sentido se debe reparar en la “metodología que tienen los hechos ilícitos en contexto de violencia de género del caso y las circunstancias domésticas y reservadas en el que se produjeron. Otros testimonios fueron rechazados con motivo de la irregular obtención de la prueba preconstituida”, sostuvo el fiscal.
Después de repasar las medidas de prueba celebradas en el marco de la investigación, el Ministerio Público consideró que se han “materializado todas aquellas pertinentes de modo que se debe dar por concluida la instrucción del sumario respecto de la participación que le cabe a Alberto Fernández por los hechos que le fueron imputados y por los que se encuentra procesado”.
Previo a firmar el requerimiento de elevación a juicio, la fiscalía pidió la opinión de las abogadas intervinientes, al entender que “pueden admitirse algunas medidas probatorias en la ulterior etapa del proceso”.