La tensión entre Luciana Salazar y Martín Redrado volvió a ocupar el centro de la escena mediática tras el reciente Día del Padre, reactivando un conflicto que lleva más de cinco años sin resolverse del todo. Lo que comenzó como un romance mediático entre una modelo y un economista de alto perfil derivó en un escándalo con ribetes legales, sentimentales y económicos que ahora se discute en los tribunales argentinos.
Salazar volvió a manifestarse públicamente contra Redrado, asegurando que, pese a no ser el padre biológico de su hija Matilda —nacida mediante subrogación de vientre en Estados Unidos en 2017—, el ex presidente del Banco Central habría asumido un compromiso formal para acompañarla económicamente hasta la mayoría de edad. Según su versión, existe un acuerdo escrito en el que Redrado aceptó hacerse cargo de una cuota alimentaria mensual en dólares, que incluiría el alquiler de una vivienda para la niña y su madre en Nordelta.
Redrado niega rotundamente esta versión. En su entorno sostienen que fue presionado para firmar ese documento en el marco de una relación inestable y con el objetivo de frenar denuncias públicas. De hecho, el economista llevó el asunto a la justicia, no solo para invalidar ese supuesto acuerdo, sino también para denunciar a Salazar por extorsión.
Según trascendió, Redrado presentó una denuncia penal en la que sostiene que la modelo lo amenazó con divulgar información personal y escraches públicos si no cumplía con los términos de ese compromiso económico. La cifra en juego no es menor: un alquiler mensual de USD 3600 y otros gastos asociados al nivel de vida de la menor. La acusación judicial incluye audios, mensajes y documentos que, según su defensa, demostrarían que el vínculo entre ambos fue usado como herramienta de presión.
¿Compromiso o confusión?
Frente a esta disputa, distintos especialistas han comenzado a analizar los alcances legales del conflicto. Una de las voces más relevantes fue la de la abogada Elba Marcovecchio, reconocida especialista en derecho de familia, quien fue consultada en el programa Intrusos. Su visión fue tajante: “Lo que veo es una gran confusión conceptual de parte de Luciana. Por un lado, alega que Martín sería el papá, más allá de que no haya vínculo sanguíneo, pero no hubo voluntad procreacional, al menos en los elementos que yo vi”.
Marcovecchio apuntó a la figura legal de la “voluntad procreacional”, una herramienta jurídica que en Argentina y en Estados Unidos permite establecer la paternidad no biológica cuando ambas partes manifiestan con claridad su deseo de traer un hijo al mundo en conjunto. Según explicó, para que esta figura sea válida, debe haber constancia legal del consentimiento, algo que, en este caso, no aparece en los expedientes. Tampoco consta que Salazar haya iniciado una acción judicial de filiación para que la Justicia reconozca a Redrado como padre, lo cual debilita aún más su posición en términos legales.
La letrada también distinguió entre los planos emocional y jurídico. “Lo otro será una cuestión económica que tendrán que dirimir dos adultos. El daño que se le está haciendo a esta criatura, dándole a Martín un rol que, según todo lo que se muestra, no tiene, es donde hay que detenerse y protegerla”, afirmó. En su opinión, la exposición mediática del conflicto afecta directamente a la niña, a quien se le asigna un padre que no lo es desde el punto de vista legal, ni tampoco emocional o convivencial. Además, Marcovecchio subrayó que no se puede hablar de una obligación alimentaria si no hay vínculo jurídico. “Desde lo legal, no me parece que haya un contenido de alimentos. Los padres no somos dueños de nuestras criaturas, estamos para cuidarlas y representarlas”, concluyó.
Disputa que trasciende lo privado
El conflicto entre Salazar y Redrado no es nuevo. Desde que finalizó su relación sentimental en 2016 —con intermitencias posteriores—, los cruces públicos fueron recurrentes. En 2021, la modelo denunció que Redrado le habría prometido formar parte activa en la vida de Matilda y luego incumplió esa palabra. En aquella oportunidad, la disputa incluyó audiencias por Zoom, mediaciones judiciales y hasta un boicot de Salazar a las redes sociales del economista.
Más recientemente, trascendió que Redrado habría entregado a la justicia un correo electrónico de la clínica de fertilidad en la que Salazar realizó el tratamiento en Miami. En ese documento, se confirmaría que él nunca fue donante de esperma ni participó del proceso como futuro padre. Este dato refuerza la postura de su defensa, que insiste en que el vínculo entre Redrado y Matilda no tiene ninguna base legal ni genética.
En paralelo, la defensa de Salazar sostiene que sí hubo una relación de facto, con visitas, regalos y presencia del economista en momentos importantes de la infancia de Matilda. La modelo argumenta que Redrado participó en su crianza como si fuera su padre, aunque ahora busca desentenderse de esa responsabilidad. Lo que está en juego no es solo el dinero. Es el uso público de la imagen de una menor en una disputa entre adultos, con apariciones televisivas, declaraciones cruzadas y audiencias judiciales que terminan por desdibujar los límites entre lo íntimo, lo legal y lo mediático.
Desde el ámbito judicial, ya se investiga si existió realmente una amenaza con fines extorsivos o si se trató de un acuerdo privado con tintes emocionales que terminó en conflicto. También se analiza la validez del contrato firmado, el contexto en que se rubricó y si existieron presiones indebidas al momento de sellarlo. Por ahora, el único hecho verificable es que Matilda no tiene un padre legalmente reconocido. El resto —las promesas incumplidas, los gestos de afecto y los compromisos económicos— queda bajo el prisma de la subjetividad, los medios y, en última instancia, los tribunales.
El caso Redrado–Salazar excede la anécdota mediática y se vuelve un espejo de cómo las disputas sentimentales entre figuras públicas pueden derivar en conflictos judiciales complejos. En el centro, una menor cuya identidad es parte de un litigio que sigue abierto.
por R.N.