El gobernador Rolando Figueroa llevará a la Legislatura un ambicioso proyecto de ley que propone la creación del Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana y siete Consejos Regionales, con el objetivo de redefinir la estrategia de seguridad en Neuquén.
Según los fundamentos del proyecto, la seguridad es clave para el desarrollo social y democrático y requiere una planificación más ajustada a cada región. Con este esquema, el gobierno busca una respuesta más eficaz contra el delito, basada en diagnósticos locales y en la coordinación entre distintos niveles de gobierno, fuerzas de seguridad y la sociedad civil.
¿Quiénes integrarán los consejos?
El Consejo Provincial será el órgano principal y estará integrado por el ministro de Seguridad, el jefe de la Policía provincial, el titular del Ministerio Público Fiscal, un representante del Poder Judicial y el jefe de Gabinete, o quienes ellos designen.
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Desde allí se analizarán los informes regionales sobre la criminalidad y se diseñarán estrategias integrales de prevención. Además, el Consejo podrá proponer reformas legislativas, lanzar campañas de concientización y coordinar acciones entre el sector público y privado.
A su vez, los Consejos Regionales serán creados en base a la Ley de Regionalización y estarán distribuidos en siete zonas clave de la provincia: Alto Neuquén, Del Pehuén, De los Lagos del Sur, Del Limay, De la Comarca, Confluencia y Vaca Muerta.
Cada uno contará con un presidente designado por el Ejecutivo, un coordinador general, intendentes y representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y los Concejos Deliberantes locales. También podrán convocar a especialistas para abordar problemáticas específicas.
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Prioridad: un mapa del delito actualizado
Una de las funciones centrales de estos consejos será elaborar un diagnóstico delictivo preciso en cada región para generar un cuadro de riesgo predelictivo. Este análisis permitirá diseñar estrategias de prevención más efectivas y adaptadas a cada realidad local.
Además, los Consejos Regionales podrán proponer protocolos de seguridad, articular con otros organismos y colaborar en la reforma de normativas para optimizar la lucha contra el delito.
El proyecto establece que tanto el Consejo Provincial como los Consejos Regionales contarán con recursos propios asignados por la Ley de Presupuesto. Además, el Ejecutivo tendrá 90 días desde la promulgación de la ley para reglamentarla y poner en marcha el nuevo esquema de seguridad.