Un juez ordenó que se mude de ciudad por amenazar a su expareja

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El Ministerio Público Fiscal de Sarmiento formuló cargos contra Emanuel Luis Alejandro Quiroga (32), imputado por desobediencia a la autoridad en contexto de violencia de género y solicitó que el procesado cumpla la orden dictada por el juez de Familia, quien dispuso una medida de prohibición de acercamiento a la víctima por un radio de 150 kilómetros.

La audiencia de control de la detención se desarrolló en la sala de audiencias de la oficina judicial. El juez fue Alejandro Rosales.

La funcionaria Tamara Bernardi indicó que el hecho ocurrió el domingo 23 de marzo a las 0 en un domicilio del plan “20 Viviendas” del barrio Progreso.

Explicó que la víctima dio aviso al personal policial sobre el incumplimiento de su expareja a la orden de prohibición de acercamiento y contacto, dictada por el juez de Familia, Santiago Huaiquil, el martes 18 de marzo.

Según el parte de prensa de Fiscalía, el magistrado había dispuesto la prohibición de acceso y acercamiento por el radio de 800 metros, incluidas las comunicaciones telefónicas y electrónicas del imputado Quiroga hacia el domicilio de la víctima. La medida incluye lugares de trabajo, estudio, esparcimiento o cualquier otro lugar donde la denunciante desarrolle alguna actividad habitual. Se fijó un plazo de seis meses de vigencia de la orden judicial.

Quiroga fue notificado de esta disposición por el personal de la Comisaría de la Mujer.

Cuando la Policía llegó al lugar del hecho, el denunciado estaba dentro del patio de la vivienda, próximo a la puerta de ingreso, abrazado a una menor, profiriendo gritos y reclamos hacia su expareja.

El viernes 21 de marzo la víctima debió realizar una nueva denuncia para extender la medida en favor de sus dos hijas menores. Allí, se amplió el radio de prohibición de acercamiento a 150 kilómetros.

Por último, solicitó un plazo de seis meses de investigación y que la policía traslade al imputado a la terminal de ómnibus “Héroes de Malvinas”, a los fines de garantizar el cumplimiento de la orden judicial.

La defensora pública, Rosa Sánchez, no formuló oposición y acompañó el pedido de la fiscalía respecto al cumplimiento de la orden para que su defendido se retire de Sarmiento.

El juez abrió la investigación y ordenó que el personal policial acompañe al imputado a la terminal de colectivos a los fines de confirmar su traslado a Comodoro Rivadavia.

Fuente: Jornada

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